Instituciones del Sur se integran a la construcción del reglamento de derechos humanos
Cerca de 60 instituciones del Estado, incluyendo representantes de la región Sur, se reunieron en el Ministerio de Relaciones Exteriores para aportar al reglamento del Sistema Nacional de Derechos Humanos, un mecanismo que busca proteger a las comunidades del Sur y sus derechos fundamentales.
La primera reunión del proceso 'Construyamos el Sistema Nacional de Derechos Humanos', convocada por el Ministerio de Justicia, reunió a unos 60 representantes del Gobierno, los poderes del Estado y órganos constitucionales. El encuentro, realizado en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, busca promover la participación activa de las instituciones públicas en la coordinación de políticas de derechos humanos con impacto directo en regiones como el Sur.
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta Romero, resaltó la importancia de integrar a las instituciones del Estado para la articulación e implementación del sistema. El viceministro de Derechos Humanos, Noel Sued Canahuate, presentó los elementos clave del sistema y los objetivos que orientan su construcción, un avance que podría beneficiar a las provincias sureñas en temas de acceso a justicia, salud y educación.
Entre los participantes se destacaron autoridades como Ignacio Pascual, juez presidente del Tribunal Superior Electoral; Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; Rafael Santos Badía, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología; y Maira Margarita Morla Pineda, directora del Infotep. También asistieron Edward Guzmán (Senasa), David Herrera Díaz (Inespre), Benny E. Metz (Conadis), Demetrio Antonio Vicente Ureña (Conape) y José Benedicto Hernández Tejada (Instituto Nacional de Migración). La mayoría de los ministerios estuvieron representados por viceministros, así como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la Junta Central Electoral.
Durante la jornada, los participantes analizaron la propuesta de reglamento desde sus competencias, identificando mecanismos de articulación y responsabilidades compartidas. Para la región Sur, este sistema podría significar una mayor coordinación en la protección de los derechos de las comunidades vulnerables, incluyendo migrantes, personas con discapacidad y adultos mayores, así como un fortalecimiento de las instituciones locales en la promoción de los derechos humanos.
