Fallo afecta a comunidades del Sur que dependen del tránsito seguro y del turismo
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó este jueves el juicio contra Hugo Beras y otros implicados, y ordenó a la Defensa Pública defender a Inprosol SRL, empresa señalada en el caso de la red semafórica, cuya falta de abogado retrasa la justicia.
La decisión, adoptada por mayoría, intimó a la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) para que designe un defensor a Inprosol SRL, luego de que el Ministerio Público advirtiera que podría someterla por desacato si no cumple. Para Barahona y la región Sur, este caso no es lejano: la red semafórica nacional incluye vías críticas para el transporte de carga y turismo hacia Pedernales, y cualquier irregularidad en su gestión impacta la seguridad vial de los ciudadanos.
La presidenta del tribunal, Arlín Ventura, votó en disidencia, argumentando que no era necesario intimar a la ONDP cuando ya existía una orden judicial. Su abogada, Laura Acosta, explicó que la Defensa Pública se ha negado a representar a la empresa porque es una persona jurídica, pero 'eso no es lo que dice la Constitución', y recordó que la notificación fue hecha el 20 de agosto.
El aplazamiento también obedeció a que el abogado Manuel Eduardo Mora asumió la defensa de uno de los imputados y pidió tiempo para estudiar las pruebas, solicitud que fue rechazada por el Ministerio Público. La nueva fecha quedó para el 22 de septiembre, un retraso que afecta la confianza en la justicia, especialmente en comunidades del Sur que requieren pronta respuesta para garantizar la transparencia en contratos estatales.
En el expediente figuran Hugo Beras, Jochi Gómez, Pedro Vinicio Padovani, Samuel Gregorio Baquero, Frank Rafael Atilano Díaz, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Feliz Casso, junto a las empresas Transcore Latam, Aurix S.A., Inprosol SRL, OML Inversiones SRL, PagoRD Xchange SRL, Industria Soltex Dominicana SRL y Dekolor SRL.
Para la región Sur, este caso subraya la necesidad de que el Estado garantice el derecho a la defensa y la celeridad judicial, pues de ello depende la correcta operación de infraestructuras viales que conectan a Barahona con el resto del país y que son vitales para el desarrollo turístico y comercial.
