La negativa de la ONDP frena el juicio y afecta la confianza en la justicia regional.
La Oficina Nacional de la Defensa Pública (ONDP) anunció que no asignará abogados a empresas privadas como Inprosol SRL, acusada en el caso Intrant. La decisión, tomada por el director Rodolfo Valentín, impacta el desarrollo del juicio y genera expectativas en Barahona y la región Sur, donde se sigue con atención el caso por sus implicaciones en la transparencia y el uso de fondos públicos.
La ONDP, dirigida por Rodolfo Valentín, respondió al Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que no representará a Inprosol SRL, empresa vinculada al caso Intrant, donde se acusa al exdirector Hugo Beras y otros nueve implicados de presunta estafa contra el Estado y sabotaje a la red semafórica. El juicio de fondo fue aplazado este jueves por la falta de un defensor para la compañía, situación que también retrasa la rendición de cuentas en un caso de alto interés público.
Para los residentes de Barahona y el Sur, este caso no es ajeno: los fondos estatales malversados afectan directamente la inversión en infraestructura y servicios básicos en toda la región. La comunidad sigue de cerca las decisiones judiciales, esperando que se castigue a los responsables y se recuperen los recursos que debían destinarse a proyectos de desarrollo local.
El tribunal, en una decisión mayoritaria, advirtió que el Ministerio Público podría someter a la ONDP por desacato si no cumple con la asignación. Sin embargo, Valentín defendió la postura de la institución, señalando que la Constitución y la Ley de la Defensa Pública solo contemplan la asistencia a personas físicas, no a empresas privadas. 'Algunos tribunales se han empecinado en requerir defensores públicos para defender empresas, sin advertir que están cayendo en trampas estratégicas interpartes', declaró.
La negativa de la Defensa Pública deja a Inprosol SRL sin representación legal, lo que podría prolongar el proceso y generar incertidumbre sobre el futuro del caso. Mientras tanto, los sureños esperan que la justicia actúe con celeridad y transparencia, para que los responsables de la presunta estafa sean juzgados y se siente un precedente claro contra la corrupción, que tanto daño ha causado a las comunidades más vulnerables del país.
Valentín también informó que el Tribunal Constitucional tiene varios recursos de revisión sobre este tipo de requerimientos, y que otros tribunales han optado por declarar en rebeldía a las empresas que no designan abogados. Esta disputa legal entre la ONDP y los jueces podría sentar un precedente importante para casos futuros en todo el país, incluida la región Sur.
