La región Sur, hogar de la cordillera Central, clama por protección legal ante la minería
El presidente Luis Abinader emitió un decreto que declara de alta prioridad estratégica el combate contra el terrorismo medioambiental, pero en el Congreso duermen proyectos clave para la región Sur, como blindar la cordillera Central y garantizar fondos para restaurar los ríos que abastecen a Barahona y comunidades cercanas.
Para las comunidades del Sur, la noticia llega con cuentagotas: mientras el decreto presidencial busca frenar la depredación con penas de 20 a 30 años de prisión, los proyectos de la diputada Llaniris Espinal que protegerían la cordillera Central y los ríos de la región siguen congelados en el Congreso desde 2025. La cordillera Central es fuente de agua vital para la agricultura y el consumo en Barahona, y su explotación minera amenaza directamente el sustento de cientos de familias.
Uno de los proyectos más esperados en el Sur propone declarar la cordillera Central como 'Territorio de Seguridad Nacional y Soberanía Ecológica', prohibiendo la minería metálica de oro, plata y níquel, y cancelando concesiones existentes. Además, obligaría a Egehid a destinar el 2% de sus ingresos brutos a un fondo para restaurar los ríos, algo que beneficiaría directamente a las cuencas que riegan el Valle de San Juan y otras zonas productoras del Sur.
La falta de acción legislativa preocupa a los ambientalistas sureños, que ven cómo la minería ilegal y la tala de árboles en los márgenes de los ríos urbanos avanzan sin control. Mientras tanto, el decreto ejecutivo, aunque bienvenido, no tiene la fuerza de una ley permanente: no tipifica el ecocidio como delito con penas de 10 a 20 años de cárcel, ni establece la responsabilidad penal de las empresas, algo que sí contempla la propuesta de Espinal.
El estancamiento en la Cámara de Diputados, a pesar de la mayoría oficialista, retrasa también la protección de la cordillera Septentrional y la creación de un centro de vigilancia ambiental en Santiago, herramientas que ayudarían a monitorear los daños ecológicos que afectan al Sur. Mientras no se aprueben estas leyes, las comunidades de la región seguirán expuestas a la depredación de sus recursos naturales.
El decreto presidencial es un primer paso, pero no sustituye el andamiaje legal que el Sur necesita con urgencia. Los ríos, bosques y montañas de esta región no pueden esperar más: la protección debe ser permanente, financiada y con penas ejemplares para quienes destruyen el patrimonio natural que sostiene la vida y la economía local.
