Divisas no declaradas salían hacia Panamá; refuerzan vigilancia en aeropuertos y puertos del Sur.
La DGA y organismos de seguridad decomisaron en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) 600,700 dólares no declarados a un ciudadano colombiano, en un operativo que busca frenar el contrabando que afecta la economía nacional y regional.
El operativo, realizado en el AILA, contó con la participación del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria (Cesac) y el Ministerio Público. El pasajero, que intentaba viajar a Panamá, llevaba el dinero en un bulto de mano y en sus bolsillos. Para Barahona y el Sur, este tipo de decomisos representa una señal de alerta sobre el flujo de capitales ilícitos que podrían desestabilizar las economías locales y afectar sectores como el turismo y el comercio.
La DGA también informó que el mes pasado decomisó dos contenedores con mercancías de contrabando: uno con 4.5 millones de cigarrillos de la marca Jaisalmer y otro con 961 televisores, lo que evitó pérdidas fiscales superiores a los 42.2 millones de pesos. Estas acciones, según las autoridades, buscan proteger los ingresos del Estado, que luego se traducen en inversiones para infraestructura y servicios en toda la región Sur.
Aunque el decomiso ocurrió en Santo Domingo, su impacto se siente en Barahona, ya que el contrabando y la evasión fiscal reducen los recursos disponibles para obras clave en la zona, como carreteras, hospitales y escuelas. Además, el refuerzo de la vigilancia en puertos y aeropuertos del país, anunciado por el director de Aduanas, Nelson Arroyo, podría extenderse a puntos como el puerto de Barahona y el aeropuerto María Montez, lo que beneficiaría la seguridad ciudadana y el comercio formal.
Las autoridades no revelaron el nombre del ciudadano colombiano, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Mientras tanto, los sectores productivos del Sur, como el turismo ecológico y la agricultura, esperan que estas medidas contribuyan a un ambiente de mayor transparencia y competitividad, atrayendo inversiones que generen empleos y desarrollo sostenible para las comunidades.
La vigilancia permanente en los puntos de entrada y salida del país, reiterada por Arroyo, es vista como un paso positivo para frenar el contrabando y proteger la economía local. Para el Sur, esto significa una oportunidad de fortalecer sus cadenas productivas y garantizar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.
