La región Sur espera leyes que protejan sus ríos y montañas mientras el Congreso duerme
El presidente Luis Abinader emitió un decreto que prioriza combatir el terrorismo ambiental, pero las comunidades del Sur, afectadas por la minería y la depredación, siguen sin protección legal porque cuatro proyectos de ley siguen atascados en el Congreso desde 2025.
Mientras el Poder Ejecutivo formalizó el miércoles un decreto que declara de alta prioridad estratégica la lucha contra las agresiones ecológicas, en el Congreso permanecen congelados desde 2025 cuatro proyectos de ley que buscan proteger los recursos naturales del Sur, como la cordillera Central y los ríos que abastecen a Barahona y comunidades aledañas.
La diputada Llaniris Espinal depositó un paquete de iniciativas que incluye tipificar el ecocidio con penas de 10 a 20 años de prisión y extender la responsabilidad penal a empresas, permitiendo su clausura y la confiscación de bienes. Otro proyecto declara la cordillera Central como Territorio de Seguridad Nacional, prohibiendo la minería metálica y obligando a Egehid a destinar el 2% de sus ingresos a restaurar ríos que nacen en esa zona y llegan al Sur.
Además, se busca proteger la cordillera Septentrional y crear un centro de vigilancia en Santiago, pero para el Sur es vital la propuesta que regula el arbolado urbano y establece una franja de 30 metros en los márgenes de ríos urbanos, reconociendo personalidad jurídica a los árboles. Sin estas leyes, los infractores que depredan en la región Sur podrían seguir evadiendo castigos, ya que el decreto no tiene rango legal permanente.
El nuevo Código Penal, vigente desde agosto, permite condenas de 20 a 30 años por daños a áreas protegidas, pero los proyectos de Espinal, que llevan más de un año en la Cámara de Diputados, son clave para que el Sur tenga herramientas efectivas contra la destrucción de sus ecosistemas y el turismo sostenible que depende de ellos.
Organizaciones ambientalistas del Sur han expresado su preocupación por la contradicción entre el discurso ejecutivo y la parálisis legislativa, pues mientras el decreto es un paso simbólico, las comunidades de Barahona y la región requieren leyes que garanticen agua limpia y montañas protegidas para las próximas generaciones.
