Sindicalista pide al Congreso frenar iniciativa que amenaza derechos de trabajadores sureños
Santo Domingo – El presidente de la CNUS, Rafael Pepe Abreu, cuestionó hoy la reintroducción de la reforma al Código de Trabajo en el Congreso, un tema que impacta directamente a los trabajadores de Barahona y la región Sur, donde el turismo y la agricultura dependen de la estabilidad laboral.
El dirigente sindical Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), se preguntó hoy cuál es la urgencia de reintroducir al Congreso Nacional el proyecto de reforma al Código de Trabajo, una iniciativa que ha generado preocupación en las comunidades del Sur, donde muchos empleos formales dependen de sectores como el turismo y la agroindustria.
Abreu resaltó que el interés de algunos legisladores en reabrir la discusión ocurre en momentos en que las principales centrales obreras han expresado su rechazo a continuar un debate 'estéril', pues aseguran que el empresariado solo busca eliminar la cesantía laboral, un derecho que protege a trabajadores de Barahona, Pedernales y otras provincias sureñas ante el desempleo.
’No fue una petición caprichosa ni una resistencia irracional al cambio', expresó Abreu, quien insistió en que, tras años de diálogo, quedó claro que el punto de conflicto no es la actualización de disposiciones laborales, sino la insistencia empresarial en tocar directamente el régimen de cesantía. Esta protección es vital para las familias que dependen de empleos en la zona turística de Bahía de las Águilas o en los ingenios azucareros de la región.
El sindicalista subrayó que la modernización no puede significar debilitar derechos que equilibran la relación entre empleadores y trabajadores, especialmente en una región donde la desigualdad económica es evidente. 'La modernización verdadera amplía derechos, mejora instituciones y adapta la ley a nuevas realidades; no convierte en obsoleta la protección de quien queda sin sustento', sentenció.
Abreu recordó que la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura, en mayo de 2026, una versión de la reforma que mantenía intacta la cesantía, y pidió al Congreso reflexionar sobre el verdadero sentido de esta insistencia, que podría afectar a miles de trabajadores del Sur que ven en la cesantía una red de seguridad ante la inestabilidad laboral.
