Estudio del IIDH y la JCE recoge medidas para reducir la abstención electoral
Un estudio sobre la abstención electoral en República Dominicana, coordinado por el IIDH y su Capel con asistencia técnica de la JCE, recoge propuestas de partidos políticos para incentivar el voto, como descuentos en servicios oficiales, facilidades en becas y peajes gratis el día de las elecciones.
El informe, titulado 'Estudio sobre la abstención electoral en la República Dominicana: voto nacional y en el exterior', identificó que el crecimiento de la abstención responde a una combinación de factores políticos, económicos y logísticos que dificultan o desincentivan la participación.
Entre las medidas planteadas por representantes de partidos políticos, el estudio recoge aplicar descuentos en tasas de servicios oficiales como pasaportes, licencias de conducir y certificaciones del estado civil para quienes ejerzan el voto. También se propone considerar facilidades o prioridad para los ciudadanos que voten en programas de asistencia social y becas, además de permitir el tránsito gratuito por los peajes durante la jornada electoral.
Las propuestas parten de la idea de que para algunos ciudadanos acudir a votar implica costos de transporte, tiempo y otras dificultades materiales que pueden convertirse en obstáculos para ejercer el sufragio. El informe no precisa qué organización formuló cada propuesta.
El estudio también recoge la propuesta de avanzar nuevamente hacia modelos de voto electrónico, de manera gradual, auditable y consensuada, comenzando mediante planes piloto en demarcaciones que cuenten con las condiciones necesarias. Asimismo, se plantea profundizar la transmisión digital de los resultados directamente desde los colegios electorales para reducir el manejo manual de las actas. La propuesta resulta particularmente relevante por el antecedente de las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020, que fueron suspendidas en todo el país luego de que se detectaran problemas en las boletas del sistema de voto automatizado. La propia JCE explicó entonces que numerosas máquinas habían cargado de manera incompleta la oferta electoral. Una auditoría posterior de la OEA atribuyó el fallo a deficiencias en la gestión informática, incluido un defecto en el software de personalización y la falta de mecanismos adecuados para detectar el problema, sin encontrar evidencias de sabotaje o fraude. Dos años después, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el artículo 99 de la anterior Ley 15-19, que facultaba a la JCE para gestionar la automatización progresiva del proceso de votación, mediante la sentencia TC/0484/22.
