Autoridades revisan procedimientos en Haina para garantizar derechos de niños y adolescentes
La Dirección General de Migración y el Conani revisaron este viernes los protocolos de actuación para menores en contexto migratorio, en un encuentro en el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina. El objetivo es fortalecer la coordinación institucional y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
La Dirección General de Migración (DGM) y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) sostuvieron este viernes una reunión para revisar los protocolos de actuación y manejo de menores de edad en contexto de movilidad migratoria. El encuentro, realizado en el Centro de Procesamiento Migratorio de Haina, buscó fortalecer la coordinación entre ambas instituciones y garantizar la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes involucrados en procesos de control migratorio.
El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, destacó la importancia del diálogo institucional para identificar desafíos y buscar soluciones, y señaló que los procedimientos deben ajustarse a las leyes que rigen estas actuaciones. Durante la reunión también se revisaron los mecanismos de coordinación y los protocolos aplicables, y se adoptaron decisiones orientadas a fortalecer la respuesta institucional, según informó Migración en un documento de prensa.
Lee Ballester afirmó que la reunificación familiar debe analizarse dentro del marco legal migratorio. "La reunificación familiar no puede justificar en ningún momento la permanencia irregular de extranjeros en condición migratoria irregular en territorio dominicano", advirtió.
Por parte del Conani participó su presidenta ejecutiva, Ligia Pérez Peña, acompañada de la directora ejecutiva, Alexandra Santelises, asesores legales y una delegación de trabajo. Pérez Peña valoró la coordinación y el cumplimiento de los roles entre ambas instituciones, dentro de las normativas vigentes, para fortalecer la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en movilidad, tanto acompañados como no acompañados, cuya protección es una prioridad para el órgano rector, en el marco de las reunificaciones familiares, los retornos asistidos y las deportaciones.
