Plan interinstitucional busca frenar invasiones en asentamientos y garantizar seguridad jurídica en el campo
El Gobierno dominicano pondrá en marcha un protocolo para detener las invasiones de terrenos de la Reforma Agraria, coordinado por los ministerios de Justicia y Agricultura y el IAD, con el objetivo de proteger a miles de productores en todo el país.
La medida fue acordada tras una reunión de trabajo entre el ministro de Justicia, Antoliano Peralta; el de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; el director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Darío Castillo Lugo, y representantes de las principales organizaciones campesinas. En el encuentro se analizaron las situaciones que afectan distintos asentamientos y se decidió iniciar un levantamiento para establecer una ruta crítica de intervención legal, técnica y operativa.
Entre los puntos afectados por las ocupaciones irregulares se mencionaron Mogollón, en San Juan de la Maguana; Villa Riva, Montecristi, Monte Plata y Villa Altagracia, entre otros proyectos. El ministro de Justicia afirmó que, respetando el debido proceso, se articularán los mecanismos legales para enfrentar estas situaciones, garantizar los derechos de los productores y preservar los terrenos destinados por el Estado al desarrollo agrícola. Indicó que cada caso será evaluado de manera individual, ya que aunque tengan la misma naturaleza son realidades distintas.
De su lado, el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, sostuvo que garantizar la seguridad sobre las tierras constituye también una defensa de la producción agropecuaria y de la seguridad alimentaria nacional. "Estamos siempre abiertos al diálogo para buscar soluciones a los problemas de los productores del país y los parceleros juegan un rol de mucha importancia en la cadena productiva del país, por eso estamos aquí dando los pasos de lugar para buscar soluciones a las preocupaciones de las organizaciones parcelarias. Vamos a impulsar las acciones necesarias para que esos terrenos cumplan con el propósito para el cual fueron destinados: producir alimentos y generar bienestar en el campo dominicano", expresó Espaillat.
Como parte de los acuerdos, se conformará una comisión técnica interinstitucional encargada de documentar los casos, evaluar su situación jurídica y territorial y recomendar las actuaciones correspondientes, incluyendo mecanismos para avanzar en la regularización y titulación definitiva. En la reunión participaron también los representantes jurídicos de las instituciones oficiales involucradas, quienes tendrán un papel fundamental en la evaluación de los expedientes, la definición de los procedimientos y la articulación de las acciones dentro del marco legal. Por las organizaciones campesinas estuvieron Luciano Robles, presidente de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas; Martín Roberto Familia, representante de la Federación Gregorio Luperón, y otros dirigentes del movimiento campesino. Los representantes denunciaron que desaprensivos interesados en apropiarse de terrenos recurren a distintas artimañas y, según denunciaron, se valen de supuestos abogados y alegados padrinazgos de civiles, policías y militares para montar entramados destinados a desplazar a legítimos productores de sus predios. Advirtieron que estas prácticas no solo amenazan la estabilidad productiva y el patrimonio de hombres y mujeres que durante décadas han trabajado la tierra.
