Orden cautelar prohíbe perforar y exige información a Navitas y Rockhopper
La jueza federal Mariel Borruto, de Río Grande, ordenó este miércoles detener el proyecto Sea Lion que las petroleras Navitas y Rockhopper ejecutan en las islas Malvinas. La medida responde a una denuncia de abogados ambientalistas y excombatientes.
La Justicia de Argentina ordenó este miércoles frenar el proyecto Sea Lion, que la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper llevan adelante en las islas Malvinas, archipiélago bajo administración del Reino Unido y cuya soberanía reclama el país suramericano. Fuentes de los demandantes confirmaron que la jueza federal Mariel Borruto, de la ciudad de Río Grande, en Tierra del Fuego, hizo lugar a una medida cautelar y ordenó a las empresas abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras para poner en marcha la explotación petrolera.
La denuncia fue presentada el 1 de septiembre por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Excombatientes de las Malvinas de La Plata (Cecim). La orden incluye la prohibición de perforar el lecho o subsuelo marino, instalar infraestructura para extracción y transporte de crudo, y ejecutar obras terrestres y portuarias asociadas. También obliga a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production a presentar información sobre el estado del proyecto, cronograma, contratistas, entidades financieras y aseguradoras, y estudios ambientales.
El proyecto offshore, que prevé comenzar a extraer crudo en 2028, se ubica en la cuenca Malvinas norte, a unos 220 kilómetros de las islas, en el Atlántico sur. La denuncia plantea dos dimensiones: la falta de evaluación de impacto ambiental y autorización gubernamental exigidas por la legislación argentina, y la controversia sobre la soberanía, al considerar el proyecto una acción unilateral contraria a resoluciones de Naciones Unidas.
Navitas y Rockhopper, junto a otras petroleras en Malvinas, también fueron denunciadas penalmente por el Gobierno argentino el 8 de septiembre ante el juez federal Julián Ercolini, de Buenos Aires. Navitas dijo en un comunicado que opera con licencias 'válidas, otorgadas legalmente por el Gobierno de las islas Malvinas' y que no prevé que las acciones en Argentina 'tengan un efecto significativo en las actividades de desarrollo' de Sea Lion. El Reino Unido afirmó en una guía publicada este martes que Argentina no posee jurisdicción para aplicar su legislación interna en el archipiélago.
