Abogado Ramón Almarante detalla cómo su clienta habría sido engañada en el fraude
El abogado Ramón Almarante explicó que su clienta, la cirujana general Laura Santana, fue presuntamente "utilizada en su buena fe" en el fraude millonario contra el Senasa. La médico habría facilitado su código tras ser contactada por Ángel Luis Guzmán Vásquez, uno de los principales imputados en la operación Cobra 2.0.
El representante de la cirujana general Laura Santana, el abogado Ramón Almarante, sostuvo que la médica habría sido engañada para facilitar "su código para hacer unas reclamaciones". Según su versión, fue contactada por Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado por supuestamente coordinar y ejecutar las maniobras fraudulentas de la estructura criminal.
"Ángel se le acercó y le hizo una propuesta alegando la existencia de un médico que estaba enfermo y que necesitaba la colaboración de otros médicos que le facilitaran su código para hacer unas reclamaciones", relató Almarante. De forma preliminar, indicó que las autoridades atribuyen a su defendida la realización de operaciones o procedimientos médicos que supuestamente no estaban autorizados.
El abogado señaló que las personas que presuntamente promovían el mecanismo se acercaban a los médicos con propuestas para realizar determinados trabajos y posteriormente gestionaban las reclamaciones. Afirmó que se trataba de decisiones superiores, por lo que los doctores no podían negarse. "Hasta ahora nuestra representada ha sido honesta. Ha dicho la situación correcta que ocurrió y por qué ya se ha visto involucrada en esto", manifestó.
Mientras tanto, entre 13 y 15 de los detenidos en la operación Cobra 2.0 son interrogados desde aproximadamente el mediodía en la sede de la Procuraduría General de la República, en entrevistas de entre 20 y 25 minutos en la mayoría de los casos. Las autoridades han informado que se trata de aproximadamente 28 detenidos en los operativos que comenzaron en la madrugada del viernes, y el Ministerio Público tiene alrededor de 48 horas para depositar la solicitud de medida de coerción, conforme al derecho penal dominicano.
