Organizaciones denuncian opacidad y falta de atención médica en cárceles ecuatorianas
Familiares de presos en Ecuador denunciaron este martes presuntas muertes por tuberculosis y desnutrición en varias cárceles, así como la falta de atención médica y restricciones a las visitas. La denuncia fue realizada frente a la sede del SNAI en Quito, mientras el Gobierno niega epidemias infecciosas en las prisiones.
Integrantes del Comité de Familias por una Vida Digna, que agrupa a parientes de reclusos de distintos centros penitenciarios de Ecuador, se concentraron este martes frente a la sede del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), en Quito, para denunciar presuntas muertes por tuberculosis y desnutrición, además de la supuesta falta de atención médica y la suspensión de visitas.
Ana Morales, directora del Comité, aseguró que las cárceles ecuatorianas atraviesan una situación «totalmente inhumana» y acusó al Estado de supuestamente «deshumanizar» la vida, la integridad y la dignidad de las personas privadas de libertad. Morales sostuvo que en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil, aparentemente se han registrado siete muertes por tuberculosis en los últimos días.
Estefanía Salinas, vicepresidenta nacional de la organización, explicó que los familiares viven «una condena paralela: la angustia permanente de no saber si están vivos, enfermos, heridos o siendo víctimas de abuso». «La privación de libertad no puede convertirse en una condena a la tortura, a la enfermedad o a la muerte», agregó.
Además de la Penitenciaría del Litoral, los familiares señalaron supuestas restricciones a las visitas presenciales en las cárceles de Esmeraldas, Machala y la del Encuentro, esta última de máxima seguridad e inspirada en el modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Según Morales, algunas familias se enteran meses después de la muerte de sus allegados; relató el caso de una mujer que descubrió en una morgue que su familiar había fallecido en marzo, y el de un ciudadano venezolano que supo en octubre que su hijo había muerto en agosto del año pasado. Muchos fallecidos habrían sido enterrados en fosas comunes sin notificar a sus familias.
