Directores y administradores de salud deben conocer las nuevas reglas de transparencia y control
El Servicio Nacional de Salud reunió este martes a directores regionales, directores de hospitales, administradores y encargados de compras para analizar el nuevo régimen de consecuencias en la gestión sanitaria. La procuradora Yeni Berenice Reynoso advirtió que el nuevo Código Procesal Penal establece sanciones más severas para actos de corrupción.
El Servicio Nacional de Salud (SNS) celebró este martes la conferencia “Cumplimiento, control, transparencia y régimen de consecuencias en los Servicios de Salud”, con el objetivo de fortalecer el cumplimiento normativo, la transparencia y la buena gestión en los centros públicos de salud del país. La actividad reunió a directores regionales de salud, directores de hospitales, administradores y encargados de compras, quienes analizaron los desafíos de la gestión pública sanitaria en materia de control interno, prevención de riesgos y uso eficiente de los recursos.
El director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, destacó que la transparencia es un compromiso ético con la ciudadanía y reafirmó la determinación de fortalecer la rendición de cuentas y la eficiencia administrativa. “Una gestión transparente no es solo una obligación legal, sino también un compromiso con cada dominicano que deposita su confianza en las instituciones del Estado”, expresó Landrón.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, abordó las implicaciones del nuevo Código Procesal Penal en el ejercicio de las funciones públicas y explicó que la normativa fortalece el régimen de responsabilidad de los servidores públicos, con sanciones más severas para actos de corrupción. Señaló que la corrupción es considerada un delito autónomo y que cualquier acción u omisión dolosa que afecte el patrimonio público podrá ser perseguida penalmente. Mencionó como conductas sancionables el pago por bienes o servicios no recibidos, la alteración de contratos, la recepción de equipos defectuosos, la manipulación de precios y el uso indebido de fondos estatales.
Carlos Pimentel, director general de Contrataciones Públicas, destacó que la Ley 47-25 promueve compras públicas más estratégicas, sostenibles y eficientes, y advirtió sobre consecuencias legales como depositar recursos públicos en cuentas personales, modificar partidas sin autorización, cobrar por servicios gratuitos o participar en contrataciones con conflictos de interés. El contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, explicó los mecanismos de control y fiscalización, y exhortó a los hospitales a evitar adquisiciones fuera de los procedimientos de la Ley 47-25 y a registrar los contratos de compras menores, comparaciones de precios y licitaciones en el Sistema de Registro de Contratos. La jornada concluyó con preguntas y respuestas entre participantes y expositores.
