Nuevo aplazamiento prolonga incertidumbre sobre medidas cautelares en caso de estafa electrónica
La jueza Yiberty Polanco aplazó para el miércoles 17 de junio a las 10:30 a. m. la audiencia de medida de coerción contra diez imputados en la operación XL526, en Santiago. La defensa alega falta de víctimas identificadas y documentos originales.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, bajo la jueza Yiberty Polanco, reprogramó para el miércoles 17 de junio a las 10:30 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción contra diez personas acusadas de integrar la presunta red criminal desmantelada en la operación XL526. La magistrada atribuyó la suspensión a la carga laboral del tribunal, que opera en jornadas matutinas y vespertinas, lo que dificulta continuar el proceso junto a otros casos en agenda.
Con este aplazamiento, el expediente acumula dos suspensiones previas y una interrupción durante la audiencia, prolongando la decisión sobre las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público. Durante la jornada, el órgano acusador concluyó la presentación de su solicitud de coerción, mientras varios abogados de la defensa expusieron argumentos en favor de los imputados y cuestionaron la consistencia de las pruebas.
El abogado Elvin Domínguez sostuvo que el expediente carece de víctimas plenamente identificadas y aseguró que no existen documentos que permitan individualizar a las personas alegadamente afectadas. “No he visto el primer estadounidense que diga que es víctima en este proceso. No hay cédulas, pasaportes ni números de seguro social que permitan identificar a esas supuestas víctimas”, manifestó ante el tribunal. También puso en duda evidencias de allanamientos de 2024, argumentando que algunos elementos habrían sido incorporados nuevamente a la investigación actual.
De su lado, el abogado José Reinoso afirmó que parte de los señalamientos del Ministerio Público se sustentan en copias de poderes notariales procedentes de Estados Unidos, sin documentos originales que establezcan una relación directa entre los acusados y las presuntas víctimas. “No existe una prueba vinculante que demuestre que alguno de los acusados realizó transferencias o participó directamente en los hechos que se le imputan”, expresó. Reinoso indicó que varios imputados ya declararon ante la jueza y estimó que la audiencia podría concluir el próximo miércoles tras las réplicas y la deliberación final. Según el Ministerio Público, los acusados integraban una estructura dedicada presuntamente a la estafa electrónica, la extorsión y el lavado de activos, mediante operaciones dirigidas contra ciudadanos estadounidenses. Las investigaciones establecen que la organización operaba desde el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, en Santiago, utilizando herramientas tecnológicas y amenazas para obtener dinero de sus víctimas, y simulaban pertenecer a carteles del narcotráfico para intimidar. Entre los señalados como presuntos cabecillas figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
