Consejo Nacional de la Magistratura evalúa jueces de altas cortes; clave para la confianza pública
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) somete a los jueces de las altas cortes a una evaluación de desempeño, una facultad constitucional impostergable que busca rescatar la confianza en el sistema judicial dominicano.
La transparencia judicial es la garantía ciudadana fundamental para sostener cualquier sistema democrático moderno. Un aparato de justicia transparente asegura que los derechos de las personas estén resguardados frente a los abusos del poder y la corrupción organizada. Cuando los tribunales actúan con claridad, la sociedad recupera la fe en las instituciones, y la rendición de cuentas de los magistrados no es un favor político, sino un derecho inalienable de cada ciudadano.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ejerce hoy una facultad constitucional impostergable al someter a los jueces de las altas cortes a un riguroso proceso de evaluación de desempeño. Esta iniciativa gubernamental e institucional busca rescatar la confianza pública en un sistema judicial golpeado por persistentes rumores de impunidad y componendas. En un país donde el gobierno se mofa hablando sobre la independencia de la justicia, lo ideal es que el escrutinio público no sea interpretado como una intromisión política, sino como el fiel cumplimiento del mandato del artículo 181 de la Constitución dominicana.
La Diosa Temis, representación universal de la justicia, lleva los ojos vendados para garantizar imparcialidad y sin favoritismos. Esa venda exige que el juzgador carezca de prejuicios, pasiones personales o ataduras económicas al evaluar las pruebas. Cuando un magistrado negocia la libertad de un imputado al margen de los requisitos legales, deshonra la pureza que simboliza esta mítica deidad jurídica. La balanza que sostiene Temis representa la búsqueda de equidad, ponderación justa y igualdad de las partes ante la ley. Este equilibrio se quiebra cuando los intereses económicos de la corrupción inclinan el fallo hacia el mejor postor, destruyendo la seguridad jurídica y convirtiendo los tribunales en mercados de impunidad.
La espada que Temis empuña simboliza la fuerza legítima del Estado para imponer el cumplimiento del derecho y castigar las conductas delictivas. Este poder coercitivo pierde legitimidad social cuando es utilizado de manera selectiva o se muestra complaciente ante los verdaderos criminales. La espada de la justicia debe castigar con el mismo peso al ciudadano común y al magistrado prevaricador. La Ley 327-98 de Carrera Judicial establece que la permanencia de los juzgadores depende de su idoneidad moral y técnica; no fue creada para proteger a funcionarios corruptos bajo el manto de la inamovilidad, sino para garantizar la estabilidad de los rectos servidores. Quien decide vestir la toga debe someterse al imperio de esta legislación y al constante examen de sus actuaciones. La recurrente negativa de ciertos magistrados a ser evaluados públicamente por el CNM refleja tensiones en la Justicia.
