Miguel Peña solicita aprovechar sentencia que devuelve yacimientos al Estado y evitar repetir errores del pasado
El ingeniero geólogo y de minas Miguel Peña pidió al presidente Luis Abinader declarar reserva fiscal los yacimientos niquelíferos de Quisqueya I y abrir un proceso de licitación nacional e internacional para conceder nuevos derechos de explotación. La solicitud surge tras la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que puso fin a casi siete décadas de concesión a Falconbridge Dominicana (Falcondo).
Peña, también presidente del consejo directivo de la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), única especializada en formación de profesionales de la minería en el país, considera que el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) debe ser instruido por el Poder Ejecutivo, previo cumplimiento de trámites, para licitar los derechos de explotación a una firma acreditada con recursos técnicos y económicos.
El experto recomendó aprovechar que la nueva administración de Donald Trump en Estados Unidos ha declarado el níquel reserva estratégica, lo que creó un fondo especial para financiar este tipo de proyectos. "Procuremos evitar se repita la historia de la estatización de la Rosario Dominicana que tantos problemas le trajo al país", dijo Peña, quien fuera director general de Minería cuando la actual mina de oro y plata de Cotuí fue licitada y fue a parar a la gigante canadiense Placer Dome y de ahí a otra gigante Barrick Gold, en el gobierno que presidió Hipólito Mejía.
El Tribunal Superior Administrativo (TSA) puso fin a casi siete décadas de concesión minera de Falconbridge Dominicana (Falcondo), al determinar que la empresa incumplió obligaciones esenciales mientras la explotación de los yacimientos de Quisqueya I permanecía paralizada desde noviembre de 2023. La Segunda Sala del TSA acogió la acción presentada por el FONPER, en representación del Estado dominicano, y ordenó la terminación de los contratos de concesión suscritos en 1956 y 1969, correspondientes a Quisqueya I, una extensión de 22,392 hectáreas entre La Vega y Monseñor Nouel.
La sentencia núm. 0030-03-2026-SSEN-00332, emitida el 12 de agosto de 2026, consideró acreditados incumplimientos relacionados con la explotación de los recursos mineros, obligaciones económicas y laborales y la entrega de información técnica requerida por la legislación. Según una nota de prensa, uno de los elementos determinantes fue que las operaciones productivas de Quisqueya estaban detenidas desde el 17 de noviembre de 2023, conforme a una certificación de la Dirección General de Minería. A esto se sumó que Falcondo no había entregado los informes semestrales de progreso correspondientes a 2023, 2024 y 2025, ni los informes anuales de operaciones de 2023 y 2024. Peña recordó que en su condición de Asesor Minero del Poder Ejecutivo hasta hace poco le correspondió preparar y entregar al Senado el informe sobre el caso Falcondo, el 25 de julio de 2024, que consta de 190 páginas, con la ayuda de numerosos técnicos especializados del gobierno. Falcondo comenzó a operar con la entrada de la década de los 1970 y de inmediato se la consideró la octava mina más grande exportadora de níquel del mundo.
