Candidato al CARD dice que la seguridad jurídica depende de la aplicación responsable de las normas
El jurista Joaquincito Bocio Familia, candidato a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), afirmó que el ejercicio del Derecho exige una nueva cultura basada en la prevención, el cumplimiento normativo y la responsabilidad profesional, al abordar los desafíos de la función notarial ante miembros del Colegio Dominicano de Notarios.
Durante una conferencia, Bocio Familia destacó el papel del notario como garante de la seguridad jurídica preventiva, al considerar que su labor trasciende la simple autenticación de documentos y contribuye a preservar la legalidad, la confianza y la certeza en los actos y negocios jurídicos.
El jurista sostuvo que la seguridad jurídica no depende únicamente de la existencia de normas, sino también de la responsabilidad, preparación y rigor con que estas son aplicadas por los profesionales del Derecho. Uno de los aspectos centrales de su exposición fue la relación entre la función notarial, la responsabilidad profesional y las nuevas tendencias de prevención del riesgo penal.
Bocio Familia explicó que el actual escenario jurídico demanda fortalecer una cultura de prevención, control y cumplimiento, especialmente ante la incorporación de mecanismos de compliance y las nuevas reglas relacionadas con la responsabilidad de las personas jurídicas. Advirtió que un programa de cumplimiento no debe convertirse en un documento elaborado únicamente para exhibirse ante una autoridad, y señaló que un sistema efectivo debe incluir políticas de conducta, identificación de riesgos, capacitación, controles internos, mecanismos de denuncia, investigación, supervisión y revisión permanente.
El candidato a la Presidencia del CARD hizo énfasis en la necesidad de diferenciar entre responsabilidad profesional y responsabilidad penal, al advertir que no todo incumplimiento profesional constituye automáticamente un delito. Explicó que para establecer responsabilidad penal debe existir una conducta previamente contemplada por la ley como infracción y que concurran los elementos necesarios para atribuirla. Precisó que la ausencia de un programa de compliance, por sí sola, no implica automáticamente una condena penal para un notario; sin embargo, indicó que cuando el profesional incurre en una conducta que reúna los elementos de un tipo penal, puede generarse responsabilidad penal, sin perjuicio de las consecuencias civiles o disciplinarias que correspondan.
A su juicio, esta diferenciación resulta fundamental para preservar los principios de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica. Planteó que el notario debe ser visto como un profesional que participa activamente en la prevención de conflictos y en la protección de los derechos y el patrimonio de las personas. “El notario es un actor de prevención jurídica”, afirmó, y consideró que el ejercicio de la función notarial demanda rigor, imparcialidad, legalidad, ética y actualización permanente, debido al impacto que sus actuaciones pueden tener sobre las relaciones jurídicas y patrimoniales.
