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California desafía a Trump: nuevas leyes limitan redadas de ICE y prohíben guantes de electrochoque

Medidas buscan proteger derechos de inmigrantes y residentes en EE.UU.

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó un paquete de leyes para contrarrestar las deportaciones de Trump, incluyendo la prohibición de guantes de descarga eléctrica y un impuesto del 25% a centros de detención. La medida podría tener implicaciones para los dominicanos en ese estado.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, promulgó este martes un paquete de leyes dirigidas a contrarrestar la agenda de deportaciones del Gobierno del presidente Donald Trump. Entre las medidas se prohíbe a las fuerzas del orden utilizar guantes de descarga eléctrica y se imponen impuestos a los centros de detención de inmigrantes.

"Trump ha antepuesto sus intereses políticos a la salud, la seguridad y el sustento de las familias estadounidenses. California está tomando medidas para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión de las acciones de control migratorio en nuestro estado", dijo el gobernador a través de un comunicado.

Los proyectos de ley firmados establecen estándares más estrictos para las prácticas policiales, incluyendo la prohibición de guantes de electrochoque y límites al uso de estos dispositivos. El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció un contrato de 20 millones de dólares para adquirir los guantes CTG-5 para agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Estos guantes tienen electrodos conductores en la palma que emiten pulsos eléctricos para causar dolor al tocar directamente la piel.

California también impone restricciones al uso de granadas aturdidoras y cargas explosivas, incluso en actividades de aplicación de la ley de inmigración. Además, prohíbe que los agentes del ICE que hayan cometido faltas graves se conviertan en agentes del orden o empleados públicos en California. Newsom firmó medidas para fortalecer la supervisión en los centros de detención de ICE, incluyendo un nuevo impuesto del 25% sobre estas cárceles privadas y el cierre de una laguna legal que permitía a algunas instalaciones acogerse a la exención fiscal. Otro proyecto de ley otorga a los californianos el derecho a demandar a funcionarios gubernamentales, incluidos los agentes federales de inmigración, si consideran que se han vulnerado sus derechos constitucionales. El DHS criticó duramente las nuevas leyes, afirmando que "ningún impuesto impedirá que el ICE deporte a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales para hacer de California un lugar más seguro", dijo un portavoz del DHS citado por Político. Es probable que la Administración Trump demande ante los tribunales la legislación.

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