La medida busca proteger a las víctimas y modernizar el Poder Judicial dominicano
El Senado aprobó en dos lecturas un proyecto de ley que permite a las víctimas de violencia sexual, intrafamiliar y de género participar de forma virtual en los juicios para no tener contacto directo con sus agresores, con el objetivo de evitar la revictimización.
La iniciativa, que regula el uso de los medios digitales en el Poder Judicial, nació desde la Suprema Corte de Justicia y fue asumida por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. El proyecto aclara que todos los juicios penales se efectuarán de forma presencial por obligación, pero abre la puerta a que en los procesos de violencia sexual, intrafamiliar o de género las víctimas puedan participar virtualmente si el juez lo autoriza debido a su vulnerabilidad y los efectos de la revictimización.
La iniciativa modifica el artículo cinco de la ley vigente que establece el uso de plataformas digitales como una 'medida alternativa' para el servicio de administración de justicia. En cambio, el proyecto aprobado dispone que 'la tramitación ante el Poder Judicial se realizará de manera digital' y elimina la palabra 'alternativa'.
Sin embargo, el proyecto establece que la digitalización no podrá convertirse en una barrera para acceder a la justicia, por lo que garantiza el derecho a realizar los trámites de manera presencial a las personas que declaren no contar con los medios técnicos, conectividad o formación tecnológica necesaria.
Otro de los cambios incorporados contempla que jueces, secretarios, servidores judiciales y oficiales de la justicia puedan utilizar firma digital para rubricar sentencias, resoluciones, autos y otros documentos vinculados con procesos judiciales o administrativos. Asimismo, mantiene la posibilidad de celebrar audiencias virtuales en todas las materias, con excepción de la penal, y permite que las partes soliciten de común acuerdo el conocimiento semipresencial de una audiencia. El proyecto ya agotó su trámite en la Cámara de Diputados y en el Senado, por lo que ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación.
