SCJ aprueba cambios para evitar formalismos y garantizar encarcelación en fecha de condena
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) aprobó la modificación del Reglamento del Juez de la Ejecución de la Pena, con el fin de fortalecer el marco normativo y agilizar las órdenes de libertad, conforme al Código Procesal Penal.
La medida busca garantizar la aplicación objetiva y coherente de los principios que rigen la ejecución penal, especialmente en órdenes de libertad, para asegurar la seguridad jurídica y la dignidad de las personas privadas de libertad, permitiendo que puedan obtener su libertad en la fecha correspondiente al cumplimiento de su condena.
Entre las novedades figura una regla excepcional que autoriza al juez de la ejecución a ordenar la libertad de una persona condenada, aun cuando haya recurrido su sentencia, siempre que sea el único impugnador y ya haya cumplido el tiempo de condena. Esta disposición, basada en el principio de favorabilidad, permite al privado de libertad acceder a su liberación sin necesidad de desistir previamente del recurso, así como a los beneficios penitenciarios correspondientes.
El nuevo reglamento también establece un plazo de 15 días para la remisión anticipada de la orden de libertad, con la fecha precisa de ejecución, y 24 horas para que el centro penitenciario informe sobre su cumplimiento. Además, introduce medidas como la facultad oficiosa de apoderamiento del juez de ejecución, la participación de la víctima en el conocimiento de incidentes, la obligación de notificar a víctimas en casos de violencia de género o intrafamiliar antes de otorgar permisos de salida, y parámetros más objetivos para la conversión de multas.
A nivel estructural, el documento actualiza objetivos y ámbito de aplicación, incluyendo 'incidente', 'salario mínimo nacional', 'medio libre' y 'permiso de salida', y medida durante el período de prueba, entre otras. La medida se enmarca en el eje 'Cero Mora' y en el Programa de Optimización del Proceso Penal, con el objetivo de reducir los tiempos de trámite internos para descongestionar los tribunales penales.
