COBROS POLÍTICOS, ÉTICA PÚBLICA Y RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

COBROS POLÍTICOS, ÉTICA PÚBLICA Y RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL

COBROS POLÍTICOS Y RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL: NI EL PRM NI EL GOBIERNO PUEDEN SER REHENES DE MALAS PRÁCTICAS.

ARTÍCULO DE OPINIÓN. 

ELBIRAN.COM

Las recientes denuncias sobre supuestos cobros o cuotas impuestas a empleados públicos para financiar movimientos políticos han encendido una alarma legítima en la opinión pública. Sin embargo, es un error —y una injusticia— pretender extender esas prácticas a todo un partido de gobierno o, peor aún, al Estado dominicano.

Las declaraciones del ministro José Ignacio Paliza son claras y necesarias: esas acciones no representan ni al Partido Revolucionario Moderno (PRM) ni al Gobierno. Y conviene subrayarlo con firmeza en un contexto donde la manipulación política y la generalización irresponsable suelen imponerse al análisis serio.

El PRM llegó al poder con una narrativa basada en la transparencia, la ética pública y la ruptura con viejos vicios políticos. Pretender que prácticas aisladas, atribuibles a individuos o grupos específicos, definan la conducta institucional del partido es desconocer —o ignorar deliberadamente— los avances en materia de control, fiscalización y separación entre partido y Estado.

Ahora bien, que el PRM no sea responsable como organización no significa minimizar la gravedad del hecho. Si existen funcionarios o dirigentes que utilizan su posición para presionar empleados públicos con fines políticos, esos actores deben ser investigados y sancionados sin contemplaciones. La política no puede seguir financiándose con miedo, coerción ni chantaje laboral.

El Gobierno no puede, ni debe, convertirse en caja chica de movimientos internos ni externos. El empleo público no es moneda de cambio político, y quien lo utilice como tal traiciona no solo al partido al que dice pertenecer, sino a la confianza ciudadana y al mandato democrático.

Resulta preocupante que sectores interesados intenten presentar estos hechos como una política de Estado o una línea partidaria. Esa narrativa busca erosionar la credibilidad de un gobierno que, con errores y aciertos, ha marcado distancia frente a prácticas que durante décadas fueron normalizadas en la administración pública.

La responsabilidad, en este caso, es individual y personal, no colectiva ni institucional. Y así debe tratarse. El PRM y el Gobierno harían bien —como ya han comenzado— en dejar claro que no habrá tolerancia, encubrimiento ni silencio cómplice frente a desviaciones éticas.

La democracia se fortalece cuando se denuncian los abusos, pero también cuando se evita la demagogia y la condena indiscriminada. No todo el que falla representa al sistema, y no todo el sistema puede ser juzgado por la falta de unos pocos.

La línea debe ser clara: ni cobros políticos, ni presión a empleados públicos, ni confusión entre partido y Estado. Cualquier cosa distinta a eso sería retroceder a un pasado que la sociedad dominicana ya decidió dejar atrás.

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