
BARAHONA, REPÚBLICA DOMINICANA – 9 DE MARZO DEL 2026
JUSTICIA TARDÍA, JUSTICIA PERDIDA
JUSTICIA TARDÍA, JUSTICIA PERDIDA
LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES LEGALES Y EL DESCUIDO PROFESIONAL QUE DEBILITA EL SISTEMA JUDICIAL.

La justicia no solo se mide por la capacidad de castigar al culpable o absolver al inocente, sino también por la eficiencia con la que el sistema responde ante los hechos. En la República Dominicana, uno de los problemas que con mayor frecuencia debilita la credibilidad del sistema judicial es la prescripción de las acciones legales, un fenómeno que, en muchos casos, surge por descuido, negligencia o estrategias calculadas dentro del mismo engranaje del sistema.
El Código Procesal Penal establece plazos claros y definidos para que las acciones judiciales puedan ser perseguidas y sancionadas. Sin embargo, cuando estos plazos vencen sin que el proceso avance adecuadamente, el resultado es la extinción de la acción penal. En otras palabras, la justicia se pierde en el tiempo. Este escenario no solo genera indignación social, sino que también fortalece la percepción de impunidad.
En muchos casos, el vencimiento de los plazos no responde únicamente a la complejidad de los procesos judiciales. También puede estar ligado al descuido de abogados, fiscales o representantes legales que, por falta de seguimiento o por estrategias procesales cuestionables, permiten que el tiempo se convierta en el mejor aliado de quienes buscan evadir la justicia.
Más preocupante aún es cuando este fenómeno coincide con la existencia de prófugos o personas vinculadas a los procesos judiciales que se mantienen fuera del alcance de las autoridades. Cuando el sistema no logra detener o procesar a quienes están señalados en un expediente, el paso del tiempo termina jugando a favor de los responsables, debilitando el principio fundamental de que la ley debe aplicarse sin distinción.
Esto abre una discusión profunda sobre la fortaleza real del Código Procesal Penal dominicano frente a maniobras dilatorias, estructuras de complicidad o redes de protección que pueden operar desde distintos niveles. Un sistema que permite que la prescripción se convierta en refugio para quienes deben responder ante la justicia es un sistema que necesita revisión, fortalecimiento y voluntad institucional para corregir sus debilidades.
La justicia no puede depender únicamente del calendario. Tampoco puede quedar en manos del descuido o de estrategias que busquen convertir el tiempo en una herramienta de impunidad. Cuando la ley pierde su capacidad de actuar a tiempo, lo que se pierde no es solo un caso judicial: se pierde la confianza del ciudadano.
En una sociedad que aspira a consolidar un verdadero Estado de derecho, la responsabilidad de los profesionales del derecho debe ser mayor que cualquier interés particular. Los plazos judiciales no son simples formalidades; representan la oportunidad del Estado de demostrar que la justicia existe y que funciona.
Porque cuando la justicia prescribe, lo que realmente prescribe es la esperanza de la sociedad en su propio sistema legal.
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