¿DONACIONES… O EL PRECIO PARA ENTRAR A LOS PUEBLOS?

¿DONACIONES… O EL PRECIO PARA ENTRAR A LOS PUEBLOS?

Cada vez que una gran cadena comercial anuncia su llegada a una provincia de la República Dominicana, el discurso es el mismo:

“desarrollo”, “empleos”, “inversión” y “modernización”.

Pero la realidad que viven cientos de comerciantes independientes en los pueblos cuenta otra historia.

Hoy San Juan vuelve a encender las alarmas tras la entrega de 27 motocicletas eléctricas por parte de Supermercados Bravo a la alcaldía del municipio, encabezada por el alcalde Lenín de la Rosa. Una acción presentada públicamente como una “donación institucional” para fortalecer áreas municipales.

Sin embargo, en las calles la pregunta que muchos comienzan a hacerse es otra:

¿Son realmente donaciones desinteresadas… o parte de un sistema de relaciones, favores y acuerdos para facilitar permisos, apoyo político y expansión comercial dentro de los municipios?

Porque el problema ya no es solamente una entrega de motores eléctricos.

El problema es el modelo económico que se está imponiendo silenciosamente en muchos pueblos del país.

Grandes cadenas llegan con respaldo financiero multimillonario, ventajas competitivas imposibles de igualar y relaciones directas con sectores políticos y gubernamentales, mientras el comerciante local —el que tiene 15, 20 o hasta 30 años levantando su negocio— queda completamente desprotegido.

En San Juan, comerciantes aseguran que la llegada de grandes cadenas como La Sirena ha provocado el debilitamiento y cierre de múltiples supermercados independientes, almacenes y pequeños negocios familiares que durante décadas sostuvieron empleos y dinamizaron la economía local.

Ahora, con la expansión de nuevas cadenas como Bravo, el temor vuelve a crecer.

Y la pregunta es válida:

¿Quién protege al comerciante del pueblo?

Porque mientras las grandes cadenas reciben facilidades, permisos, apoyo institucional y promoción pública, los pequeños empresarios enfrentan impuestos, apagones, altos costos operativos, falta de financiamiento y abandono estatal.

Lo más preocupante es que muchos alcaldes y sectores políticos parecen actuar más como aliados estratégicos de las grandes corporaciones que como defensores de la economía local.

Y eso está creando una percepción peligrosa en la población:

que las instituciones municipales están siendo utilizadas para abrirle el camino a grandes intereses económicos, aunque eso implique destruir el comercio independiente de las provincias.

Nadie está diciendo que la inversión privada sea mala.

Lo que sí resulta cuestionable es un modelo donde el crecimiento de grandes cadenas ocurre mientras desaparecen lentamente los negocios tradicionales de los pueblos, sin que exista un plan de protección, equilibrio o fortalecimiento para los comerciantes locales.

Porque cuando un colmado cierra, una familia pierde sustento.

Cuando un supermercado independiente quiebra, decenas de empleos desaparecen.

Y cuando toda la economía termina concentrada en manos de grandes grupos empresariales, los pueblos pierden autonomía económica.

Lo más grave es el silencio.

Ni el gobierno central, ni muchos ayuntamientos, ni sectores oficiales parecen querer enfrentar el impacto real que estas expansiones están teniendo sobre las economías provinciales.

Y mientras eso ocurre, las “donaciones” continúan.

Motores.

Patrocinios.

Aportes.

Convenios.

Actividades institucionales.

Todo presentado como ayuda social.

Pero el pueblo tiene derecho a preguntar:

¿Dónde termina la responsabilidad social empresarial… y dónde comienzan los intereses económicos y políticos?

La transparencia no debe molestarle a nadie.

Si todo se hace correctamente, entonces deben existir documentos públicos, procesos claros y explicaciones transparentes sobre permisos, acuerdos, beneficios fiscales y relaciones entre autoridades municipales y grandes cadenas comerciales.

Porque los pueblos no pueden seguir siendo territorios donde el pequeño comerciante desaparece mientras el poder político y económico se fortalece mutuamente.

República Dominicana necesita inversión.

Sí.

Pero también necesita proteger a quienes construyeron la economía local mucho antes de que las grandes cadenas decidieran mirar hacia las provincias.

Porque un país donde solo sobreviven los grandes… termina convirtiéndose en un país donde desaparece la clase trabajadora independiente.

Y cuando eso ocurre, el pueblo deja de tener economía propia… para convertirse únicamente en consumidor de los grandes grupos de poder.

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