Tribunal Colegiado del Distrito Nacional escuchó alegatos y dejó en estado de fallo la solicitud de extinción
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional anunció que el 21 de septiembre a las 9:00 de la mañana dará a conocer su decisión sobre la solicitud de extinción de la acción penal presentada por las defensas de 13 imputados en el caso que involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez. La petición se basa en el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso.
La solicitud fue presentada a favor de Altagracia Guillén Calzado, Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Miguel José Moya, Rafael Antonio Merhems Sena, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos Acosta y Félix Antonio Rosario Labrada, entre otros procesados. El tribunal, presidido por Claribel Nivar Arias e integrado por Clara Castillo y Yissel Soto, escuchó las conclusiones de los abogados de los imputados, del Ministerio Público y de los representantes del Estado dominicano.
Las defensas argumentan que el proceso ha superado el plazo máximo establecido por la legislación y que las demoras no pueden atribuirse de manera general a los imputados. Richard Pujols, abogado de Altagracia Guillén Calzado, invocó el principio de favorabilidad y el artículo 69.2 de la Constitución, que reconoce el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, y sostuvo que no es jurídicamente válido atribuir de forma genérica a todos los acusados los retrasos de un expediente de esta magnitud.
El fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, pidió rechazar las pretensiones de las defensas. Sostuvo que el tiempo transcurrido durante la investigación y el juicio no obedece a una inactividad de los órganos judiciales, sino, en buena medida, a actuaciones promovidas por las propias defensas de los procesados, y calificó algunas de esas actuaciones como una estrategia dilatoria. Como ejemplo, señaló que una de las defensas llegó a presentar cinco recusaciones consecutivas contra fiscales que participaron en la investigación, todas rechazadas por los tribunales correspondientes por carecer de fundamento jurídico.
El representante del Ministerio Público también resaltó la complejidad y magnitud del expediente, que calificó como uno de los procesos de corrupción administrativa más voluminosos que ha conocido la justicia dominicana. Los fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público y de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitaron al tribunal rechazar las pretensiones de las defensas. La decisión se conocerá el 21 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
