Presidente SCJ expresa frustración por falta de respuesta del Ministerio Público en casos de faltas graves
En los últimos seis años, diez jueces han sido destituidos por faltas graves y sus expedientes remitidos al Ministerio Público, pero ninguno ha enfrentado un proceso penal. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, expresó su frustración por esta situación.
El Poder Judicial informó que en los últimos seis años diez jueces han sido destituidos por faltas graves en juicios disciplinarios y sus expedientes han sido remitidos al Ministerio Público. Sin embargo, ninguno de esos magistrados ha sido sometido a un proceso penal, según declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina.
Molina expresó su frustración por la falta de respuesta del órgano persecutor, al que corresponde iniciar un proceso en los tribunales ordinarios contra los magistrados luego de notificársele las decisiones de desvinculación. Explicó que los juicios disciplinarios del Consejo del Poder Judicial 'pueden tener elementos penales', los cuales deberían motivar una investigación por parte del Ministerio Público.
Entre los jueces destituidos en los últimos seis años se encuentran Manuel del Socorro Pérez García y Saulo Ysabel Díaz, presidente y miembro de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, y Robert Antonio de Aza Batista, juez de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia de San Juan de la Maguana. También Reynaldo Antonio Soriano Cisnero, juez de la Instrucción del Distrito Judicial de Monseñor Nouel; Yohan Carlos Morales Peguero, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Altagracia; Gregorio Antonio Rivas Espaillat, de la Primera Sala de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, y Juan Miguel Pérez Gómez, de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de Valverde Mao.
Los otros tres magistrados destituidos son Robert E. Disla de León, juez de paz de Oviedo, en funciones de juez de la Instrucción de Pedernales; Francisco Rodríguez Consoró, del Noveno Juzgado de la Instrucción adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, y Modesto Amarante Peña. Entre las acusaciones graves que enfrentaron en el juicio disciplinario se incluye haber hecho negocios con acusados de narcotráfico. Molina dijo no cuestionar a los fiscales y afirmó que la mayoría de los miembros de la judicatura son personas honestas, comprometidas y trabajadoras. Garantizó que en su gestión nunca ha permitido que se intervinieran los teléfonos de los jueces.
