Análisis sobre cómo la percepción de injusticia afecta la confianza en las instituciones dominicanas
En la vida cotidiana, lo justo y lo correcto no siempre coinciden. Un análisis basado en Aristóteles examina cómo este dilema se refleja en las reformas fiscales, el presupuesto público y la informalidad laboral en el país.
Desde la antigüedad, Aristóteles distinguía entre la justicia legal y la justicia natural o equitativa. Esta distinción sigue vigente: una decisión puede ser correcta porque se ajusta a la ley o a un procedimiento establecido y, aun así, ser percibida como injusta por sus consecuencias. Del mismo modo, una causa puede parecer profundamente justa aunque su defensa implique actuaciones incompatibles con el orden jurídico o con principios éticos.
En materia de políticas públicas, las reformas fiscales son un buen punto de partida. Suelen justificarse por razones de sostenibilidad de las finanzas públicas, eficiencia recaudatoria o estabilidad macroeconómica, y desde una perspectiva técnica muchas pueden estar plenamente justificadas. Sin embargo, cuando la ciudadanía percibe que las cargas tributarias no se distribuyen equitativamente, que subsisten privilegios injustificados o que los recursos públicos no se administran con transparencia y eficacia, surge una sensación de injusticia que debilita la confianza en las instituciones y reduce el respaldo social hacia dichas reformas.
Algo similar ocurre con la asignación del presupuesto público. Un gobierno puede distribuir los recursos siguiendo criterios de eficiencia económica y obtener, en el papel, una decisión técnicamente adecuada. Pero esa misma lógica puede profundizar las desigualdades entre territorios o grupos sociales con diferentes condiciones de partida. Una política verdaderamente justa exige complementar la eficiencia con la equidad, porque gobernar no consiste únicamente en administrar recursos, sino también en ampliar oportunidades para quienes enfrentan mayores desventajas.
La elevada informalidad laboral ilustra la misma situación desde otro ángulo. Para miles de trabajadores y pequeñas empresas, operar al margen de la formalidad constituye, más que una decisión deliberada de incumplir la ley, una estrategia de supervivencia frente a barreras económicas, regulatorias y financieras. Exigir el mismo nivel de cumplimiento a quienes parten de condiciones profundamente desiguales puede ser jurídicamente correcto, pero socialmente insuficiente si no se crean oportunidades reales para incorporarse a la economía formal. En este contexto, la inclusión financiera deja de ser un objetivo sectorial para convertirse en una condición necesaria para la formalización, el progreso económico y la movilidad social.
