Abogados explican el trámite y costo para conocer su situación migratoria
La Procuraduría General de la República informó que solicitó a Migración eliminar las alertas de salida sin sustento judicial, tras una auditoría que dejó sin efecto restricciones que afectaban a 56,140 personas. Los abogados José Valdez y Freddy Díaz explican cómo los ciudadanos pueden verificar su situación.
Los ciudadanos que sospechen que tienen un impedimento de salida del país pueden acudir a la Dirección General de Migración (DGM) para solicitar una certificación que les permita conocer su situación migratoria, según explicaron los abogados penalistas José Valdez y Freddy Díaz. Este documento debe ser solicitado por la persona afectada y tiene un costo de 2,000 pesos.
De acuerdo con los juristas, también es posible acudir a la Procuraduría General de la República (PGR) para obtener información sobre la existencia de alguna restricción. Sin embargo, advirtieron que las autoridades deben ofrecer las informaciones correspondientes, conforme a las disposiciones legales.
Los abogados José Valdez, Manuel Soto Lara, Cándido Simó y Freddy Díaz sostienen que las alertas migratorias sin sustento judicial son ilegales y que un impedimento de salida del territorio nacional debe estar respaldado por una decisión judicial. En caso de que un ciudadano descubra que tiene una restricción migratoria que considera irregular, recomiendan acudir a la Procuraduría General de la República y depositar las certificaciones que acrediten que no tiene procesos judiciales pendientes ni decisiones de tribunales que le prohíban viajar al extranjero.
Si la persona estuvo sometida a un proceso judicial, debe presentar las certificaciones de las sentencias que demuestren que el caso concluyó a su favor o que un juez levantó el impedimento de salida. Las recomendaciones de los juristas se producen después de que la Procuraduría General de la República informara que solicitó a la Dirección General de Migración eliminar las alertas e impedimentos de salida que no estuvieran respaldados por una decisión judicial. Según el órgano persecutor, la actualización del sistema migratorio permitió eliminar las restricciones que afectaban a 56,140 personas, luego de una auditoría de registros acumulados durante tres décadas. La institución explicó que muchas de esas anotaciones carecían de sustento judicial y limitaban el derecho al libre tránsito de ciudadanos cuyos procesos habían concluido o que figuraban en el sistema debido a errores administrativos.
