Sobreviviente de 26 puñaladas evidencia necesidad de protección y apoyo psicológico en comunidades del Sur
El intento de feminicidio contra Nayely Capellán, ocurrido en La Vega, resuena en Barahona y toda la región Sur, donde las mujeres exigen más prevención y justicia ante el aumento de casos.
La madrugada del 28 de agosto, Nayely Altagracia Capellán, de 25 años y madre de tres niñas, fue atacada con 26 puñaladas en su vivienda de Las Cabuyas, La Vega, presuntamente por su expareja Adonis de Jesús Caraballo Cárdenas. El hecho, ocurrido frente a sus hijas de 10, 7 y 4 años, ha conmocionado a la región Sur, donde organizaciones comunitarias exigen mayor vigilancia a las órdenes de alejamiento.
Aunque el caso ocurrió en el Cibao, para Barahona y el Sur representa un llamado de atención sobre la violencia intrafamiliar que también afecta a comunidades como Enriquillo, Neyba y San Juan. Las autoridades locales han reforzado campañas de prevención, pero las víctimas denuncian falta de seguimiento y apoyo psicológico, especialmente en zonas rurales donde el acceso a servicios es limitado.
Nayely permanece en recuperación en el Hospital Regional Dr. Luis Morillo King, donde fue atendida de emergencia por heridas en brazos, piernas, rostro, cuello y pecho. Los médicos le dan seguimiento, pero ella teme por su movilidad futura: una herida en el brazo izquierdo le dificulta mover los dedos. Su prioridad, cuando mejore, es buscar ayuda psicológica para sus hijas, testigos del ataque.
El agresor se entregó y cumple 12 meses de prisión preventiva. La procuradora general Yeni Berenice Reynoso informó que en 2026 van 62 feminicidios, superando los 59 de 2025. Para el Sur, donde el turismo y la agricultura dependen de mujeres trabajadoras, cada caso de violencia es una pérdida social y económica. Las comunidades exigen que la justicia actúe con rapidez y que se implementen casas de acogida en la región.
Mientras Nayely intenta cerrar sus 26 heridas, el Sur observa con esperanza que su historia no termine en otra estadística. Las autoridades regionales han prometido fortalecer los mecanismos de denuncia y protección, pero las víctimas piden hechos concretos, no promesas.
