Investigadores advierten que no hay reformas institucionales para garantizar cambios sostenibles
La Misión Internacional Independiente de la ONU sobre Venezuela afirmó este miércoles que, a pesar de limitadas mejoras en derechos humanos, las instituciones represivas siguen intactas. El informe se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.
Entre detenciones ilegales, desapariciones forzadas y leyes contra la disidencia, la situación de los derechos humanos en Venezuela continúa a la espera de cambios reales y significativos, según investigadores de la ONU. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela señaló que, pese a unas limitadas mejoras, las instituciones estatales responsables de la represión, las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad siguen intactas.
El comunicado, publicado al margen de la presentación de un informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, indica que tras el ataque militar estadounidense del 3 de enero y el arresto del presidente Nicolás Maduro, la misión observó una disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas. Además, en los meses siguientes al arresto de Maduro, las autoridades liberaron a cientos de personas detenidas por motivos políticos y suavizaron ligeramente las normas sobre manifestaciones y participación de la sociedad civil.
Sin embargo, el grupo lamenta la ausencia de reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida. Numerosas leyes utilizadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, y los amplios servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas. Por ejemplo, no se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los colectivos, grupos paramilitares que los investigadores consideran un componente central del aparato represivo del Estado y una fuente permanente de intimidación y violencia a nivel comunitario.
Asimismo, los periodistas y otros actores de la sociedad civil siguen enfrentando obstáculos en su labor cotidiana. La misión documentó patrones de tortura y malos tratos contra personas detenidas por motivos políticos, como intubación forzada, confinamiento prolongado en una cisterna subterránea sellada o en celdas minúsculas bajo tierra, exposición al frío o privación de alimentos. Desde el 3 de enero, se constató un patrón recurrente de arrestos arbitrarios de corta duración para intimidar a activistas de la oposición, periodistas y otros actores de la sociedad civil. La misión instó a la comunidad internacional a apoyar los esfuerzos destinados a poner fin a la represión, combatir la impunidad y restablecer el Estado de derecho, y exigió a Caracas adoptar medidas decisivas hacia la rendición de cuentas y establecer un marco de justicia transicional centrado en las víctimas, según señaló María Eloisa Quintero, una de las expertas de la Misión.
