Organización recomienda corregir 342 artículos aprobados por el Senado para evitar conflictos
La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) respaldó el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, pero recomendó al Congreso corregir disposiciones sobre régimen disciplinario, uso de la fuerza, pensiones y retiro por discapacidad. La comunicación, firmada por Servio Tulio Castaños Guzmán, fue remitida a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados.
Finjas precisó que su análisis corresponde al texto de 342 artículos aprobado por el Senado el 10 de julio de 2026, y respondió a observaciones del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de Funglode. La entidad sostuvo que la reforma puede modificar condiciones de ingreso, ascenso, permanencia y retiro sin vulnerar derechos adquiridos, apoyada en precedentes del Tribunal Constitucional.
La organización defendió el retiro discrecional durante el período de prueba, siempre que exista evaluación, motivación y posibilidad de impugnación. También consideró válido impedir temporalmente el ascenso de agentes con acusaciones penales pendientes o sanciones disciplinarias, porque esa medida no equivale a una declaración de culpabilidad ni a una segunda sanción.
No obstante, recomendó redirigir el 30 % de las multas disciplinarias asignado a la Inspectoría General hacia un fondo administrado por una dependencia ajena a la potestad sancionadora, para evitar una apariencia de conflicto de interés. Asimismo, propuso precisar la cláusula residual sobre faltas disciplinarias y establecer una gradación clara del uso de la fuerza, diferenciando los medios menos letales de la fuerza potencialmente letal.
Finjas advirtió una contradicción entre los artículos 92 y 193: un agente con exactamente 50 % de discapacidad podría ser desvinculado sin alcanzar el umbral exigido para recibir una pensión. Solicitó armonizar ambas normas y evaluar previamente la posibilidad de reasignarlo a funciones compatibles. Finalmente, sugirió revisar el régimen previsional con la Superintendencia de Pensiones y armonizar las disposiciones sobre el ejercicio de la abogacía. La Finjus afirmó que la reforma debe producir una Policía profesional, legítima, transparente y sometida a controles.
