Tribunales favorecen a exfuncionarios y allegados a Danilo Medina por insuficiencia probatoria
La insuficiencia de pruebas ha llevado a que 19 imputados en tres de los cuatro casos de corrupción contra exfuncionarios y allegados a la gestión de Danilo Medina sean descargados o excluidos de los procesos penales desde 2021.
Desde 2021, los tribunales dominicanos han descargado a imputados, dictado autos de no ha lugar o excluido a personas de procesos penales en los expedientes vinculados a Alexis Medina Sánchez, Jean Alain Rodríguez y Donald Guerrero Ortiz, al concluir que las pruebas del Ministerio Público no eran suficientes para sostener los cargos o justificar la apertura de un juicio de fondo.
El caso más reciente ocurrió a finales de la semana pasada, cuando la jueza Altagracia Ramírez dictó autos de no ha lugar a favor del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta; el excandidato presidencial y exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; Daniel Guerrero Mena, Marcial Reyes y Rosa Arias. La magistrada concluyó que las pruebas presentadas durante la fase preliminar no permitían sustentar las imputaciones ni justificaban la apertura de un juicio de fondo.
En el caso de Castillo, la jueza sostuvo que el órgano acusador no logró establecer la conexión entre los supuestos fondos ilícitos obtenidos por la alegada estructura criminal y los recursos utilizados en su campaña presidencial de 2020. Respecto a Peralta, concluyó que no existían suficientes elementos de prueba para vincularlo con las sumas de dinero que, según la acusación, fueron movilizadas por la estructura investigada.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional descargó a 13 de los acusados en el proceso que tuvo como principal imputado a Alexis Medina Sánchez. Entre los favorecidos figuran el expresidente del Fonper, Fernando Rosa, y Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis. Las juezas concluyeron que, aunque se verificaron irregularidades administrativas y contrataciones cuestionadas, el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para establecer la responsabilidad penal ni demostrar los delitos de enriquecimiento ilícito o lavado de activos. El único proceso sin decisiones similares es el seguido contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, que aún no cuenta con sentencia definitiva.
