Casos de voto irregular son poco frecuentes, pero conllevan deportación y delito grave
Siete personas no ciudadanas fueron acusadas federalmente en Texas de votar ilegalmente o declararse falsamente ciudadanos estadounidenses, en el marco de la ofensiva del presidente Donald Trump contra el voto de no ciudadanos. La noticia, anunciada este martes, es relevante para la comunidad dominicana porque votar sin ser ciudadano en una elección federal puede ser delito grave y conllevar deportación.
El fiscal federal del Distrito Norte de Texas, Ryan Raybould, anunció este martes los cargos contra siete personas que no son ciudadanas estadounidenses. Según The Associated Press (AP), algunos votaron o intentaron votar en las elecciones generales de 2018 y 2024, otros declararon falsamente ser ciudadanos al obtener una licencia de conducir o se registraron deliberadamente para votar. La oficina de Raybould no afirmó que actuaran coordinadamente ni que existiera conspiración entre ellos.
Los acusados tienen entre 20 y 69 años y son ciudadanos de países como México, India, Nigeria y Congo. Seis de los siete son residentes permanentes legales en Estados Unidos, mientras que a uno se le había ordenado la deportación en julio, según un comunicado de la Fiscalía Federal citado por AP. El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, había adelantado horas antes los cargos durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.
El anuncio se produce mientras la administración Trump intensifica sus esfuerzos para detectar y perseguir el voto de no ciudadanos, colocando el tema entre los centrales de cara a las elecciones de medio término de noviembre. El presidente sostiene que este tipo de votación es un problema de gran alcance, aunque investigaciones previas han encontrado que los casos son poco frecuentes, de acuerdo con AP.
La administración ha impulsado varias iniciativas para identificar a no ciudadanos en los registros electorales y aumentar los controles. Entre ellas, el intento de que el Servicio Postal de Estados Unidos verificara la ciudadanía de quienes reciben boletas por correo, propuesta que la Corte Suprema rechazó el lunes para las elecciones de medio término, permitiendo que los estados continúen con sus procedimientos actuales. El Departamento de Justicia también ha demandado a estados para obtener información detallada de los registros electorales, enfrentando reveses judiciales, mientras empleados del Departamento de Seguridad Nacional revisan registros estatales para identificar posibles votantes no ciudadanos. Un denunciante federal afirmó esta semana que el programa podría infringir la ley.
