Claves para entender la restauración institucional que cambió la justicia dominicana
La designación de Miriam Germán Brito como procuradora general el 16 de agosto de 2020 marcó un antes y un después en el Ministerio Público. La reforma constitucional de octubre de 2024 y la Ley Orgánica 1-25 completaron un proceso que busca garantizar la independencia del órgano.
El 16 de agosto no solo se celebra el traspaso de poder; también se conmemora la Restauración de 1863, cuando un grupo cruzó la frontera y levantó la bandera en Capotillo contra la anexión a España. Esa fecha, cargada de simbolismo, coincidió hace seis años con el Decreto 324-20 que designó a la magistrada Miriam Germán Brito como procuradora general de la República.
La Constitución de 2010 ya proclamaba la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria del Ministerio Público, y la Ley 133-11 establecía una carrera profesional con concursos y estabilidad. Sin embargo, el artículo 171 mantenía la designación del procurador en manos del Poder Ejecutivo, sin plazo fijo ni causal de remoción, y el mismo funcionario integraba el Consejo Nacional de la Magistratura. Esa dependencia estructural limitaba la independencia real.
El 16 de agosto de 2020, el presidente Luis Abinader designó a una jueza que había salido de la Suprema Corte de Justicia y declaró expresamente que no habría injerencia. No fue una conquista desde abajo como Capotillo, sino una concesión desde arriba. La pregunta era si la independencia sobreviviría a la procuradora.
La respuesta llegó con la reforma constitucional del 27 de octubre de 2024, que trasladó la designación del procurador general y los procuradores adjuntos al Consejo Nacional de la Magistratura, excluyó al titular del Ministerio Público de ese consejo y reorientó las funciones hacia la investigación y persecución de los hechos punibles. La Ley Orgánica 1-25 completó el diseño. Así, lo que empezó como un acto de autolimitación se convirtió en un nuevo orden institucional.
