Rodolfo Valentín advierte que el Sur no verá recursos de defensa desviados a compañías
Santo Domingo – El director de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, anunció que no acatará la intimación del Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional para asignar un abogado a una empresa imputada en el caso Camaleón, decisión que impacta a comunidades del Sur que dependen de la defensa pública gratuita.
El funcionario afirmó que la Oficina Nacional de la Defensa Pública no designará defensores para representar a empresas u organizaciones privadas, amparándose en la Constitución y la Ley de la Defensa Pública. Esta postura, dijo, protege los recursos destinados a personas físicas de escasos recursos, incluyendo a las de Barahona y la región Sur, que son la prioridad del servicio.
Valentín señaló que algunos jueces del Distrito Nacional insisten en requerir defensores públicos para empresas, lo que calificó como 'trampas estratégicas interpartes'. Para el Sur, esta interpretación judicial podría desviar la limitada asistencia legal gratuita de casos de vulnerabilidad local hacia intereses privados, afectando la equidad en el acceso a la justicia.
El director agregó que en Iberoamérica ningún país, salvo España con ONGs, brinda defensa pública a empresas privadas. En República Dominicana, las personas jurídicas tienen derechos distintos a las físicas, y la Constitución así lo distingue, un criterio que los tribunales del Sur han respetado al declarar en rebeldía a empresas y continuar con los imputados individuales.
La Defensoría Pública ya presentó recursos de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional, mientras reafirma su compromiso con los sectores más vulnerables del país. Para las comunidades del Sur, esta batalla legal es clave para que el servicio de defensa gratuita no se diluya en casos corporativos que no representan sus necesidades.
Valentín, como coordinador del Caribe en la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, insistió en que ningún país de la región asiste a empresas privadas, lo que refuerza la postura dominicana de priorizar a las personas físicas y la justicia social en toda la geografía nacional.
