Ministerio Público acusa a 25 personas de defraudar al seguro estatal con autorizaciones falsas
El Ministerio Público presentó una solicitud de medida de coerción de 525 páginas contra 25 personas, entre exempleados de SeNaSa, médicos y particulares, por una presunta red de fraude que utilizaba datos confidenciales de afiliados para generar autorizaciones médicas y reclamar pagos por servicios no realizados.
La acusación, contenida en la solicitud de medida de coerción del caso SeNaSa 2.0-A, señala que los implicados tenían acceso a información privilegiada de los afiliados y sus planes de salud, datos que usaban para emitir autorizaciones fraudulentas y luego cobrar servicios ficticios. Los titulares de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y de la Pepca, Wilson Camacho y Mirna Ortiz, sostienen que los imputados conformaron una estructura criminal que aprovechaba el conocimiento de los protocolos internos de la aseguradora estatal.
Según la instancia judicial, los involucrados seleccionaban estratégicamente perfiles de afiliados con bajo historial de interacción institucional para reducir el riesgo de detección. A partir de esos datos, generaban autorizaciones y reclamaciones a nombre de personas que luego declararon no haber recibido los servicios facturados; en algunos casos, los afectados afirmaron que ni siquiera conocían a los médicos vinculados a los reclamos.
Los fiscales afirman que los miembros de la presunta red utilizaron nombres ficticios, entre ellos Pedro Martínez, Ángel Beltré y Amauris Gutiérrez, al comunicarse con el centro de llamadas de SeNaSa para solicitar autorizaciones. También empleaban códigos reales de médicos que formaban parte del grupo, quienes habrían recibido beneficios económicos a cambio de permitir el registro de consultas y procedimientos ficticios. Los recursos obtenidos se distribuían conforme a acuerdos previamente establecidos.
Entre las evidencias descritas por el Ministerio Público figuran reclamaciones por consultas de ginecología a afiliados masculinos, procedimientos ambulatorios sin historia clínica, descripción quirúrgica, documento de identidad del afiliado ni soportes requeridos, así como reclamaciones incompletas sin sello del médico o del prestador, sin número de afiliación (NAF), teléfono del médico o PSS y ciudad, además de documentos con tachaduras, enmendaduras y errores en la numeración de autorizaciones y montos. La estructura también habría recurrido a la falsificación de firmas de afiliados para elaborar reportes de autorizaciones médicas y sustentar reclamaciones cobradas a SeNaSa.
