Comunidades del Sur vigilan caso que afecta la salud pública y la credibilidad institucional
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió este jueves un plazo de cuatro meses al Ministerio Público para presentar acusación contra Santiago Hazim y otros imputados por el fraude al Senasa, mientras que la defensa del exdirector pidió prisión domiciliaria sin éxito. Para la región Sur, donde muchos dependen de los servicios de salud pública, este caso reaviva la preocupación por el destino de los recursos destinados a los hospitales y centros de salud de Barahona y otras provincias.
El juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, otorgó al Ministerio Público una prórroga de cuatro meses para concluir la investigación y presentar acusación en el caso Senasa, que involucra a Santiago Hazim y a otros nueve imputados. La decisión, tomada en la audiencia de este jueves, significa que el proceso continuará en fase preparatoria, y la defensa de Hazim vio rechazada su solicitud de variar la prisión carcelaria por domiciliaria.
El tribunal recordó que el proceso inició el 11 de diciembre de 2025, cuando se impusieron las medidas de coerción y se declaró la complejidad del caso, por lo que el plazo de investigación se extendió conforme al Código Procesal Penal y vencía el 11 de agosto de este año. El Ministerio Público presentó formalmente la solicitud de prórroga en esa fecha, y el juez la acogió al considerar que se cumplen los requisitos legales, aunque solo por esta única ocasión.
Para la región Sur, el caso Senasa tiene un impacto directo, ya que los fondos supuestamente defraudados, que ascienden a más de 15,000 millones de pesos y que podrían superar los 19,000 millones, estaban destinados al sistema público de riesgos de salud, que incluye a los hospitales de Barahona, Azua, San Juan y otras provincias sureñas. La comunidad sigue de cerca el proceso, pues una eventual condena podría sentar un precedente en la lucha contra la corrupción administrativa, un tema que afecta la confianza en las instituciones y la calidad de los servicios.
Entre los imputados figuran, además de Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ada Ledesma, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo. Se les atribuyen delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos y falsificación de documentos, hechos que habrían ocurrido entre 2020 y 2025.
La decisión del juez Peguero deja claro que el caso aún tiene un largo camino. Mientras tanto, en el Sur, organizaciones comunitarias y ciudadanos esperan que la justicia actúe con transparencia y que los responsables de desviar fondos de la salud sean sancionados, para que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan en los hospitales públicos de la región.
