Ministerio Público pide tres meses de coerción para imputados de proxenetismo agravado y lavado
El Ministerio Público solicita este martes tres meses de prisión preventiva contra dos hombres acusados de proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos de alta tecnología por explotación sexual de adultos y menores. La audiencia se celebra en Santo Domingo.
La Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), encabezada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, junto a la Fiscalía del Distrito Nacional, conocerá este martes la solicitud de medida de coerción de tres meses de prisión contra Henry Tomás Castillo Peña, de 57 años, y Brailyn López del Rosario (Brayan), de 20, imputados de proxenetismo agravado, lavado de activos y delitos de alta tecnología.
Según la investigación, los arrestados, mediante orden judicial, se dedicaban a la explotación sexual de adultos y menores de edad utilizando redes sociales para compartir imágenes pornográficas y ofrecer servicios sexuales de las víctimas a cambio de pagos recibidos en cuentas bancarias y en efectivo. Las actividades ilícitas se materializaban en un edificio ubicado en la calle Emilio Prud Homme, del sector San Carlos, del Distrito Nacional.
El equipo de fiscales que lleva el caso incluye a Aleika Almonte, Noelia Taveras, Roberto Reyes, Kelvyn Colón Rodríguez y Yonoris Suero. La investigación cuenta con el apoyo del Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional (DETT), la División Especializada de Delitos Transnacionales (DEIDET), la Unidad de Investigaciones de Trata de Personas y Delitos Conexos (UITIMC), la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, y otros órganos de la Fuerza de Tarea contra el crimen organizado.
La cooperación internacional de Homeland Security Investigations (HSI) y la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo fue clave. El 13 de noviembre de 2025, Castillo Peña fue intervenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) al arribar a Nueva York por el Aeropuerto John F. Kennedy, donde se le practicó una segunda inspección por sospechas de abuso sexual infantil. El imputado entregó su teléfono Samsung Galaxy S25 Ultra y autorizó su inspección, donde se observó contenido sexual explícito de niños, niñas y adolescentes.
