Guía práctica sobre impugnaciones y transparencia en contrataciones estatales
En una licitación pública de mil millones de pesos, aunque el proceso sea transparente, la mayoría de los oferentes perderá. Entender esta aritmética ayuda a distinguir denuncias fundadas de reclamos sin sustento.
Imagine una licitación pública por mil millones de pesos. Por la naturaleza de la obra, el mercado y la capacidad técnica requerida, apenas cinco o diez empresas están realmente en condiciones de ejecutarla. Sin embargo, se presentan al menos cincuenta oferentes. Aun si el procedimiento se conduce con rigor, transparencia y apego estricto a las reglas, existe una certeza aritmética: habrá muchos más inconformes que adjudicatarios.
Algunos participantes serán excluidos porque no acreditaron la experiencia requerida, omitieron documentos esenciales o presentaron una propuesta técnicamente insuficiente. Otros superarán la evaluación técnica, pero no obtendrán la mejor puntuación conforme a los criterios del pliego. Y otros, sencillamente, perderán frente a una oferta mejor evaluada. El resultado es previsible: una institución que adjudica uno o varios contratos puede terminar enfrentando treinta o cuarenta potenciales impugnaciones, denuncias o campañas de cuestionamiento, algunas sólidamente fundamentadas y otras carentes de suficiente sustento técnico o jurídico.
La aritmética de perder en una licitación pública
Esta realidad no debe llevarnos a descalificar el reclamo de quien no resulta favorecido. El cuestionamiento es consustancial a la contratación pública y cumple una función democrática indispensable. Las impugnaciones, la fiscalización social y la prensa ayudan a detectar arbitrariedades, conflictos de interés y desviaciones que, de otro modo, podrían permanecer ocultas. Pero reconocer su valor no obliga a asumir que toda denuncia demuestra una irregularidad, ni que toda adjudicación controvertida es, por ese solo hecho, ilegítima.
En los procedimientos de mayor cuantía no solamente se compite por un contrato; se disputan intereses económicos relevantes, posiciones de mercado, reputaciones y oportunidades futuras. Esa intensidad explica que algunas controversias se formulen con fundamentos técnicos y jurídicos sólidos, que por lo general no son mediáticas, mientras otras respondan principalmente a la frustración de no haber obtenido el contrato. En ocasiones, la impugnación procura corregir el procedimiento; en otras, retrasarlo, encarecerlo o desacreditar a quien ganó, pero sobre todo desacreditar a la institución.
Las redes sociales y la velocidad del ciclo informativo han añadido un nuevo componente. Una afirmación categórica puede circular mucho antes de que se examinen el pliego, las credenciales del adjudicatario, los informes de evaluación o la respuesta de la institución. La acusación suele caber en un titular y propagarse rápidamente en busca de likes; la explicación técnica requiere contexto, documentos y tiempo. Así puede instalarse una peligrosa equivalencia entre controversia y corrupción. Si existe una denuncia, se presume que algo indebido ocurrió. El Estado no puede responder a esa presión paralizándose. Una Administración Pública que deja de decidir por temor a ser cuestionada también incumple su función. Las obras se retrasan, los servicios no llegan y el costo de la indecisión termina recayendo sobre los ciudadanos. La respuesta correcta no es reducir los controles, sino construir procesos capaces de resistir el escrutinio y que sean jurídicamente correctos, técnicamente explicables y comunicacionalmente defendibles.
