Funcionario acumula cuestionamientos por escasez de fármacos y contratos escolares por 110 millones
Adolfo Pérez, quien dirigió el Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE/CAL) entre 2020 y 2025 y desde el 16 de agosto de 2025 está al frente del Inabie, enfrenta un cúmulo de denuncias que van desde la escasez de medicamentos hasta contratos por 110 millones de pesos para el almuerzo escolar en San Pedro de Macorís.
Adolfo Pérez ha ocupado dos instituciones de alta sensibilidad social y presupuestaria desde el inicio del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en 2020. Primero fue director del Programa de Medicamentos Esenciales (PROMESE/CAL), conocido como las 'farmacias del pueblo', entidad que maneja una partida anual de RD$3,176 millones para la compra de medicamentos destinados a personas de escasos recursos.
Entre 2021 y 2025, un persistente flujo de quejas inundó la opinión pública debido a la escasez de fármacos, especialmente aquellos para tratamientos de alto costo. Un estudio presentado en 2025 por la firma internacional Pulsómetro Mediciones Estratégicas reveló que el 84 % de los encuestados consideraba que la calidad del servicio y la eficiencia en el suministro de medicamentos había empeorado bajo su dirección.
A pesar de estos cuestionamientos, el 16 de agosto de 2025 Pérez fue designado al frente del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) mediante el decreto 461-25. Esa entidad tiene un presupuesto anual de RD$34 mil millones de pesos. A un poco más de un año en el cargo, las controversias continúan: recientemente se ha denunciado que dos jóvenes con escasa experiencia y una empresa de recién creación obtuvieron contratos por 110 millones de pesos para suplir el almuerzo escolar en centros educativos de San Pedro de Macorís.
Ante esta situación, Pérez dispuso reforzar las reinspecciones y los procesos de revisión internos, además de apoderar a los organismos de control competentes para investigar a fondo las denuncias de supuestas irregularidades dentro de la institución. La ciudadanía espera que las investigaciones esclarezcan el uso de los fondos públicos.
