La hemorragia de sangre y muertes por accidentes de tránsito sigue indetenible, y ya no admite eufemismos ni dilaciones.
Que se declare el estado de emergencia vial
En la primera quincena de este mes, el registro oficial contabiliza 40 fallecidos y decenas de heridos graves, elevando el total anual a 1,103 víctimas letales y a 30,826 los atropellados.
Se trata de demasiadas vidas rotas, familias destrozadas y un sistema de salud al borde del colapso.
Día a día, las redes sociales se inundan de escenas brutales, mostrando cuerpos inertes sobre el asfalto, vehículos pesados y livianos partidos por la mitad, motocicletas retorcidas como papel, y personas incapacitadas por traumas irreversibles.
Esa crudeza visual patentiza la dimensión de un fenómeno que autoridades y ciudadanos, pese a discursos y promesas, no logran sofocar.
Los hospitales traumatológicos y generales ven desbordadas sus salas de emergencia con heridos de toda edad.
La atención de cada paciente crítico en cuidados intensivos multiplica el gasto hasta niveles insostenibles.
Y el presupuesto sanitario se agota mientras la factura global de esta sangría ya devora casi un 4 % del Producto Interno Bruto nacional.
Estamos, sin exageración, ante la mayor crisis de seguridad ciudadana y de salud pública de la década, Las violaciones a las leyes de tránsito fluyen con descaro —excesos de velocidad, invasión de carriles, ignorar señales y paradas policiales— y las malas prácticas al volante agravan el cuadro minuto a minuto.
Frente a esta realidad, se impone que el gobierno declare la emergencia vial, movilizando todos los recursos disponibles, endureciendo sanciones, instalando controles efectivos las 24 horas y poniendo en marcha un plan nacional de choque con metas claras y rendición de cuentas.
No podemos permitir que la indolencia y la impunidad sigan cobrando más vidas.
El tiempo de las excusas terminó; hoy es el día de actuar con la furia y la determinación que esta crisis exige.
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