Un banco no siembra arroz ni cría pollos, pero cuando JPMorgan advierte que la inflación mundial de alimentos puede acercarse al 5 % en la primera mitad de 2027, el Gobierno dominicano debería dejar de tratarlo como un titular más. El informe Food Security is National Security: A Compounding Storm no habla de anaqueles vacíos de un día para otro, sino de algo más peligroso para un país como el nuestro: un golpe que empieza en el fertilizante, pasa por el calendario agrícola y termina en la factura del consumidor.
Desde finales de febrero, el conflicto en torno a Irán puso al estrecho de Ormuz en el centro de una crisis que no es solo petrolera. Esa ruta también es crítica para el comercio de urea y amoníaco, fertilizantes esenciales para buena parte de la agricultura mundial. El petróleo tiene reservas estratégicas y rutas alternativas; el fertilizante tiene otra lógica: si no llega cuando el cultivo lo necesita, el rendimiento cae. El mercado puede normalizarse después, pero la cosecha perdida no se recupera con un comunicado.
A eso se suma El Niño. NOAA estima una probabilidad superior al 90 % de un episodio muy fuerte entre el otoño y el invierno boreal de 2026-27, con una probabilidad cercana al 70 % de que ese período se encuentre entre los más intensos registrados desde 1950. Sus efectos no serán iguales en todas partes, pero pueden alterar lluvias, temperaturas y rendimientos agrícolas precisamente cuando los mercados de insumos ya están bajo presión.
Para República Dominicana, el problema no empieza y termina con el clima. Brasil es nuestro principal proveedor de maíz, un insumo fundamental para la alimentación animal. Si la oferta se reduce o se encarece, el impacto termina en el costo del pollo, el huevo y otras proteínas.
Aquí aparece el mal hábito nacional: cada vez que sube el pollo o el pan, el Estado sale a apagar el incendio con acuerdos de precios, subsidios de última hora, compras de emergencia y anuncios de que “la comida está garantizada”. Después, el tema se olvida hasta el próximo pico. Eso no es política agroalimentaria; es gestión de crisis.
El país tiene con qué defenderse, y conviene decirlo sin demagogia. En 2025, la producción de arroz llegó a 14.78 millones de quintales, y también hubo niveles elevados de producción de yuca, papa, batata, habichuela, plátano y guineo. Eso importa: un país que siembra no parte de cero. El problema es confundir una buena cosecha con seguridad alimentaria.
Cerca del 60 % de los cereales que consume el país, directa o indirectamente, depende de importaciones. El maíz local cubre apenas una fracción del consumo, y el país importa más de 1.6 millones de toneladas, en gran parte desde Brasil, para la alimentación animal. El trigo casi no se produce localmente.
En 2025 entraron al país más de 287,000 toneladas de fertilizantes, pero nadie ha puesto sobre la mesa, con números y fechas, cuántos días de inventario real existen de urea, fosfatados y otros abonos críticos. Ahí está una de las preguntas que no podemos seguir posponiendo.
Podemos hablar de soberanía alimentaria mientras el fertilizante, el gasoil, el maíz, la soya, las piezas de una cosechadora y el flete marítimo dependan de cadenas que no controlamos. Un productor de leche no se protege midiendo solamente litros: hay que saber cuánto del costo de ese litro depende del fertilizante, el pasto, el concentrado y el combustible. Lo mismo ocurre con el pollo y el huevo, que son proteína cotidiana, no productos de lujo.
China ha utilizado reservas de fertilizantes y productos agrícolas para amortiguar shocks de suministro. Nosotros corremos el riesgo de enterarnos del problema cuando el importador ya pagó más caro y el detallista ya reajustó el precio. Para entonces, los grandes compradores ya estarán buscando los mismos cargamentos. Un país pequeño no puede darse ese lujo.
Hay tres tareas que deberían estar encaminadas antes de que 2027 llegue con un escenario más difícil. Primero, un mapa público de fertilizantes, con origen, volumen, puerto y días de cobertura. Segundo, proveedores y contratos alternos para maíz, trigo y abonos, con la misma seriedad con que se planifica la seguridad energética. Tercero, escenarios para arroz, pollo, huevo, leche y pan que permitan saber qué ocurre si el costo de los fertilizantes y la alimentación animal aumenta 15 % o 20 % mientras el clima se deteriora. Eso cabe en un trimestre de trabajo técnico; lo que no cabe es seguir improvisando.
La seguridad alimentaria no se declara el día de la cosecha. Se construye meses antes, cuando todavía hay tiempo para comprar, almacenar y sembrar. Si el Gobierno espera a que el precio llegue al colmado, no estará defendiendo al consumidor: estará, otra vez, corriendo detrás del daño.
Por Yelandra Sánchez Carbonell
