Entre lo urgente y lo necesario, lo negociable y lo impostergable, el populismo y la racionalidad… el gobierno optó por la razón de Estado.
El plan anticrisis del gobierno
La guerra en Irán y el cierre de Ormuz están ahí, y por todos es conocido su origen externo, pero también su impacto en la economía mundial, la completa incertidumbre sobre su fecha de término, y el restablecimiento de una “normalidad” que durará meses en llegar, luego de finalizado(¿?) el conflicto.
El Ministerio de Hacienda convocó para hoy en la mañana a la “presentación de las medidas pro–crecimiento económico y mitigación de la crisis internacional”.
Quizás apostando a una rápida solución militar del conflicto (¡algo que creían hasta en Washington!), el gobierno confió en promesas militares que resultaron vacías y no implementó medidas estructurales, enfocándose en mantener los precios de la canasta básica, monitorear la situación y contener –mediante subsidios– el precio de los combustibles.
El tiempo de medidas contingentes ha pasado, y toca mirar el futuro mucho más allá de la línea del horizonte.
Justo cuando el año empezaba con buen pie para el país, al gobierno le explotó una crisis de origen externo cuyo impacto es planetario (¡la cuarta en seis años!), y que afectó negativamente un crecimiento económico que ya empezaba a mostrar señales de recuperación.
Hablar de una reforma fiscal sería una insensatez política, pues la circunstancias no se prestan para una gran discusión nacional (forma) donde se rediseñen los marcos impositivos en función de un gran acuerdo fiscal (fondo); uno que procure, no sólo saldar cuentas y cuadrar presupuestos, sino sostener financieramente el tipo de país que queremos ser; eliminar lastres y medidas que respondan a realidades superadas; y potenciar los aspectos positivos del modelo económico que queremos impulsar, sin sacrificar la política social y la protección de sectores vulnerables.
En teoría, suena hermoso.
Implementar eso en medio de una crisis como esta, es temerario y políticamente inviable.
Más que una reforma fiscal (total o parcial), parece que el gobierno se decantará por un paquete de medidas que impulsen el crecimiento y dinamismo económico.
A mayor actividad, mayor movimiento.
El dinero sólo “camina” cuando se mueven los negocios, cuando se compran y venden más bienes y servicios, y, para que esto ocurra, es necesario estimular el crecimiento de todos los sectores, protegiendo los más vulnerables.
Si “no hay almuerzo gratis” en economía, el dilema del gobierno será el costo de oportunidad de su plan anticrisis, pues si renuncia al ingreso de un impuesto (derogándolo), será porque –inevitablemente– estará captando ingresos con otros (nuevos) impuestos.
No hay de otra.
La pregunta es: ¿Quién pagará la cuenta? ¿Los ricos o los pobres? O, mejor dicho, ¿los que pueden pagarla o quienes no? Progresividad, equidad, transparencia, apertura y diálogo.
Si hoy empezamos a caminar por ahí, llegaremos todos juntos a buen destino.
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