Organizaciones exigen responsabilidad por operativo que detuvo a 57 trabajadores
La Unión de Libertades Civiles y el Centro de Justicia para Trabajadores de Nueva York presentaron una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y dos alguaciles por una redada en una fábrica hace un año, donde arrestaron al menos a 57 trabajadores. El caso, que alega violaciones a la Cuarta Enmienda, expone el impacto de las políticas migratorias en comunidades trabajadoras.
La demanda fue interpuesta este jueves y acusa al DHS de realizar una redada 'injustificada de estilo militar' en la fábrica Nutrition Bar Confectioners, en el pueblo de Cato, centro-oeste del estado de Nueva York, el 4 de septiembre de 2025. Las organizaciones argumentan que la operación violó la Cuarta Enmienda, que protege contra registros e incautaciones irrazonables, afectando a más de 100 trabajadores inicialmente detenidos.
Según el comunicado conjunto, unos 60 agentes federales llegaron acompañados de agentes locales, usando chalecos antibalas de estilo militar, armas visibles, perros y un helicóptero. 'Ellos no buscaban drogas, armas o sospechosos de crímenes violentos. Estaban ahí para arrestar ilegalmente a trabajadores latinos', señala el documento legal. Los agentes utilizaron palancas para abrir puertas e irrumpieron en un baño donde una mujer estaba usando el inodoro.
La demanda se presentó a nombre de los trabajadores Pedro Rojas, Hediberto Ramírez, Maribel López y Argentina Juárez. Juárez relató: 'De repente vi entrar a militares con pistolas, pasamontañas y chalecos antibalas. No sabía qué hacer ni qué decir'. Aseguró que la escena le recordó la entrada de guerrilleros a su aldea en Guatemala cuando era niña: 'Era lo mismo. Nos tenían rodeados. Estaban en el tejado, estaban fuera'.
Las ONG denunciaron que los agentes obligaron a los trabajadores, incluidos ciudadanos estadounidenses, a entrar en una sala de descanso para identificarse. Una cámara corporal grabó a un agente de la CBP comparando a niños inmigrantes con animales, sin que otros objetaran, lo que 'puso de manifiesto el trasfondo racista de la operación'. La redada, parte de la política de arrestos y deportaciones del presidente Donald Trump, concluyó con al menos 57 detenidos. A muchos se les negó hablar con abogados o familiares antes de ser trasladados a centros de detención fuera del estado, algunos en Luisiana. Un demandante llamado Eddie denunció que fue deportado a Guatemala tras 72 horas a pesar de tener permiso de trabajo en EE.UU.
