La región Sur, con cientos de bancas, espera que la depuración del sector mejore la fiscalización y la economía local.
El proyecto de ley de juegos de azar, aprobado por la Cámara de Diputados, suspende por diez años nuevas licencias para establecimientos de juegos, con impacto directo en Barahona y toda la región Sur, donde proliferan las bancas de lotería y apuestas deportivas.
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que impone una moratoria de diez años para el otorgamiento de nuevas licencias de juegos de azar en todo el país, según el artículo 191. La medida, que exceptúa solo a los casinos en hoteles y zonas turísticas, busca ordenar un sector que en la región Sur cuenta con cientos de bancas de lotería y deportivas, muchas operando sin la debida supervisión.
El diagnóstico oficial, citado en el considerando segundo, revela que existen más de 71,000 bancas registradas en el territorio nacional, una cifra que desborda la capacidad de fiscalización del Estado. Para las comunidades del Sur, esto significa que la moratoria permitirá que las autoridades se concentren en depurar, validar y registrar los negocios existentes, antes de permitir nuevas aperturas, lo que podría reducir la informalidad y mejorar la competencia leal.
El proyecto incluye una amnistía condicionada (artículo 192) que autoriza descuentos en deudas acumuladas por impuestos y tasas hasta diciembre de 2025, siempre que los operadores se regularicen. Además, el artículo 190 extiende el plazo de inscripción a las bancas acogidas al Decreto 197-26, del 26 de marzo de 2026, garantizando que los pequeños negocios del Sur puedan ponerse al día sin perder su derecho a operar.
La excepción para casinos en hoteles de cuatro estrellas o más (artículo 49) y la exclusión de las reglas de distancia (artículo 26) apuntan a fomentar el turismo en polos como Barahona, donde la inversión hotelera podría verse beneficiada. Los artículos 180, 181 y 182 protegen los derechos adquiridos y permiten la renovación de licencias existentes, lo que da certidumbre a los operadores actuales de la región.
La medida, que opera hacia el futuro sin afectar títulos vigentes, es vista por líderes comunitarios del Sur como una oportunidad para que el Estado recupere el control de un sector que ha crecido sin planificación, afectando la seguridad ciudadana y la economía local.
