Decisión afecta erario y limita recursos para servicios en todo el país
El Estado dominicano deberá pagar 2,693.9 millones de pesos por 117,937.80 metros cuadrados de terrenos en la avenida José Contreras, Distrito Nacional, luego de que el Tribunal Constitucional confirmara la extinción del recurso de casación por inactividad procesal de los abogados de Bienes Nacionales.
El Tribunal Constitucional (TC) confirmó la decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que declaró extinguido el recurso de casación interpuesto por la Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) contra la condena que obliga al Estado a pagar 2,693.9 millones de pesos por 117,937.80 metros cuadrados de terrenos en el área de la avenida José Contreras, en el Distrito Nacional.
Los terrenos fueron declarados de utilidad pública en 1988 para la ampliación de la avenida José Contreras, el embellecimiento de los farallones del Parque Mirador del Sur y la construcción de viviendas de interés social para los desplazados. Actualmente, en la zona se encuentra el residencial José Contreras, levantado sobre parte del área expropiada.
Bienes Nacionales alegó que el monto era excesivo y que en el año 2000 el Poder Ejecutivo autorizó la adquisición de 117,935.69 metros cuadrados por 35,380,707 pesos, a razón de 300 pesos por metro cuadrado. Posteriormente se formalizó un acto de venta con un pago de 36 millones de pesos y un recibo de descargo a favor del Estado. Según la institución, el balance pendiente era de 30,576,279.20 pesos, que actualizado por el índice de variación de precios del Banco Central ascendería a 120,244,275.58 pesos.
La institución también cuestionó la tasación utilizada para fijar los 2,693.9 millones, argumentando que el avalúo privado incluyó obras realizadas por el Estado como calles asfaltadas, aceras, alumbrado público y edificaciones. Sin embargo, la SCJ no examinó el monto porque el recurso de casación perimió por inactividad procesal durante tres años. El TC rechazó la justificación de Bienes Nacionales, que alegó que los abogados de los recurridos habían presentado un memorial en julio de 2022 solo para otros dos sucesores, y consideró que la institución no utilizó el mecanismo legal disponible.
