Justicia administrativa limita alcance de decisión de Contrataciones Públicas
El Tribunal Superior Administrativo dejó sin efecto para siete proveedores la anulación de sus adjudicaciones en la licitación de zapatos escolares del Inabie. La medida no alcanza a los 25 afectados originalmente por la DGCP.
El Tribunal Superior Administrativo (TSA) dejó sin efecto, para siete proveedores, la decisión de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que había anulado sus adjudicaciones en una licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) para comprar zapatos escolares. La DGCP había anulado en total las adjudicaciones de 25 proveedores tras una investigación que encontró múltiples irregularidades.
La sentencia del TSA solo beneficia a los siete proveedores que se incorporaron al proceso judicial: Grupo Continental Ferrero, Inversiones Qtek, Ángeles Collection, Fashion Textil Group, Importaciones en Grande Eastland, Piel de Estilo Herrera Reyes y Elido Santiago Moscoso Salcedo. El tribunal no determinó que las adjudicaciones fueran legales ni descartó las irregularidades señaladas por Contrataciones Públicas; el problema fue la forma en que la DGCP decidió anularlas.
Según el TSA, para cuando Contrataciones Públicas intervino, las adjudicaciones ya habían adquirido firmeza y no podían ser retiradas directamente mediante una investigación de oficio. El tribunal consideró que si la Administración entendía que eran ilegales, debía acudir al procedimiento especial conocido como 'lesividad' y pedir posteriormente a un tribunal que las anulara.
El Acta 0143-2025, del 1 de abril de 2025, establecía que las adjudicaciones podían ser recurridas ante Contrataciones Públicas dentro de los diez días hábiles siguientes a su notificación o recepción. El TSA comprobó que la decisión adoptada el 8 de agosto no respondió a un recurso presentado dentro de ese plazo, sino a una investigación iniciada de oficio. La sentencia, dictada el 1 de septiembre, también rechazó la indemnización de 6.6 millones de pesos reclamada por Grupo Continental Ferrero.
