Sepa quiénes son las imputadas y qué medidas dictó el tribunal en Santo Domingo
Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo dictó prisión preventiva contra dos mujeres y garantía económica a una tercera por su implicación en el tráfico de menores hacia las islas de Tórtola o Vírgenes Británicas y Dominica. La medida busca proteger a tres víctimas adolescentes de 14 y 16 años.
La prisión preventiva por tres meses fue impuesta a las imputadas Adolfina Paula Pimentel y Cristian Del Carmen Rosario Rodríguez, quienes deberán cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal. A Yaribel Cristina Esquea se le impuso una garantía económica de 50 mil pesos mediante compañía aseguradora y presentación periódica ante el Ministerio Público.
El tribunal también declaró el caso de tramitación compleja. La solicitud de medida de coerción fue presentada por la procuradora de corte Yoanna Bejarán Álvarez, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), junto a Roberto Antonio Reyes Torres, Diógenes Quezada y Felbelys Rosario, integrantes del Ministerio Público adscritos a ese órgano especializado y a la Fiscalía de Santo Domingo Este y Norte, respectivamente.
Según la solicitud del Ministerio Público, hasta el momento han sido identificadas tres víctimas adolescentes con edades de 14 y 16 años, quienes se encuentran bajo cuidado y protección de las autoridades. La investigación establece la vinculación de las imputadas al tráfico ilícito de migrantes y a la trata de personas en la modalidad de transporte por vía aérea mediante suplantación de identidad.
La instancia detalla que el 8 de octubre de este año, la investigada Adolfina Paula Pimentel se presentó en el área de control migratorio del Aeropuerto Internacional de Las Américas junto a dos de las víctimas, con la intención de abordar un vuelo con destino a la isla Tórtola y posteriormente a la isla de Dominica. En el caso participan la PETT, la Fiscalía de Santo Domingo Este, la Unidad Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas y el Departamento de Investigaciones de Trata y Tráfico de Personas de la Policía Nacional.
