La justicia transicional colombiana documenta 94 incursiones armadas y más de 3.600 desplazados en un solo caso
La Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia acusó este jueves a nueve miembros de las extintas FARC por crímenes de guerra y lesa humanidad ocurridos en Huila, Tolima y Quindío durante el conflicto armado. La decisión busca esclarecer hechos como masacres, desapariciones y desplazamientos que afectaron principalmente a campesinos, quienes representan el 54 % de las víctimas acreditadas.
La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP atribuyó responsabilidades a los imputados por homicidios, masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos, tomas guerrilleras, ataques contra la población civil y ataques contra integrantes de la fuerza pública fuera de combate o con armas que contravienen el derecho internacional humanitario. Entre los acusados está Pablo Catatumbo Torres Victoria, quien tras el Acuerdo de Paz de 2016 fue congresista por el partido Comunes, desaparecido este año al no obtener los votos suficientes para mantener su personería jurídica.
También figuran Luis Eduardo Rayo, Henoc Capera Trujillo, Jhon Jairo Oliveros Grisales, Gustavo Bocanegra Ortegón, Nelson Antonio Jiménez Gantiva, Wilson Ramírez Guzmán, Víctor Hugo Silva Soto y Raúl Agudelo Medina, todos del antiguo Comando Conjunto Central (CCC) de las FARC. La investigación documentó 94 incursiones armadas del CCC entre 1991 y 2016, lo que lo convirtió en la estructura de las FARC con más tomas guerrilleras y ataques a estaciones de Policía en Colombia.
El caso analizó cerca de 600 expedientes judiciales, 54 informes de víctimas y organizaciones sociales, y los relatos de 967 víctimas individuales acreditadas. Entre los hechos documentados figuran la toma de Roncesvalles, en julio de 2000, que dejó más de 30 edificaciones destruidas y cerca de 800 personas desplazadas, y la ofensiva contra Puerto Saldaña, entre abril y mayo de ese año, que provocó el desplazamiento de más de 3.600 personas y el asesinato de al menos 27 civiles.
Para el presidente saliente de la JEP, Alejandro Ramelli, esta macroimputación representa "un paso enorme en el esclarecimiento de la verdad judicial y la justicia", pues en el pasado apenas el 10 % de estos casos habían llegado a una sentencia. La magistrada relatora del caso 10, Marcela Giraldo, señaló que es la primera vez que los comparecientes responden por las macrovictimizaciones de este expediente. Ahora los nueve imputados tendrán 20 días hábiles para pronunciarse y 30 días hábiles para presentar observaciones y entregar información que permita localizar a 30 personas desaparecidas.
