Consejo del Poder Judicial acata fallo del TSA y archiva caso en el Constitucional
El Consejo del Poder Judicial (CPJ) acordó reintegrar a la jueza Evelyn Torres Nova y pagarle RD$15.6 millones por salarios y beneficios dejados de percibir, luego de que el Tribunal Superior Administrativo (TSA) revocara su destitución en 2022. La decisión beneficia a todos los servidores judiciales al reafirmar el debido proceso.
El convenio fue firmado el 12 de enero de 2024, después de que el TSA revocara la destitución y la Suprema Corte de Justicia (SCJ) mantuviera la orden de restituirla y pagarle lo adeudado. El Consejo había llevado su oposición hasta el Tribunal Constitucional (TC), pero desistió de ese recurso tras alcanzar el acuerdo.
Mediante la sentencia TC/0892/26, del 8 de septiembre de 2026, el TC dejó constancia del desistimiento y archivó definitivamente el expediente. No examinó si la jueza había cometido las faltas atribuidas ni emitió una nueva orden de reintegro.
Las acusaciones contra Torres Nova se relacionaban con su actuación como jueza y sus vínculos con el abogado Abel Rodríguez del Orbe. Según el Consejo, la magistrada recibió en su despacho al jurista, con quien mantenía una amistad, mientras tenía pendiente de fallo un caso en el que él intervenía. El órgano sostuvo que Rodríguez del Orbe le había prometido un ascenso si decidía a su favor y que le entregó un escrito indicándole cómo resolver el expediente. Para el Consejo, la jueza debió apartarse del caso. También cuestionó movimientos bancarios que consideraba injustificados.
Por su parte, Bienvenido Rodríguez Durán presentó una querella penal y una denuncia disciplinaria contra la magistrada, a quien acusó de falsear los hechos de su proceso judicial. La querella fue archivada en enero de 2017 porque el Ministerio Público entendió que Torres Nova había actuado dentro de sus funciones como jueza. Rodríguez Durán desistió de la denuncia disciplinaria en abril de 2018 y, al mes siguiente, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitó que fuera declarada no culpable de las infracciones atribuidas. Pese a ello, el Consejo la destituyó el 1 de agosto de 2018 y posteriormente rechazó su solicitud de reconsiderar la sanción. La jueza acudió entonces al TSA.
